· Prevalencia de criterios técnicos y científicos
· Evitar a toda costa el desgaste institucional
La situación por la que pasa la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) viene generando polémicas innecesarias. Siendo aquel el organismo encargado de otorgar y supervisar las licencias del ramo debería alejarse lo más posible de las controversias y dedicarse exclusivamente a llevar a cabo los criterios científicos y técnicos a los que debe su creación. Y ese, por supuesto, es el propósito nacional.
Corresponde a la institución equilibrar la salvaguarda de los recursos naturales con el desarrollo sostenible. Es decir que tiene en sus manos lo más preciado para que el país salga adelante cuidando, a su vez, que las futuras generaciones puedan mantener y gozar de los elementos necesarios para su supervivencia y progreso. De modo que las responsabilidades de una institución de semejante calibre no son de poca monta. Son actuales y son futuras.
Hace unas semanas se anunció el nombramiento de Rodrigo Suárez como director de la ANLA. Fue un hecho cumplido. El alto funcionario, experto en cambio climático, venía de ocupar la dirección correspondiente en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, luego de haber sido, precisamente, subdirector de la ANLA. De hecho, en buena parte gracias a Suárez, el Ministerio pudo prepararse y presentarse positivamente en la cumbre de Cambio Climático, en París. Ahora parece, de acuerdo con el nuevo ministro, que Suárez ya no será el director anunciado, sino que podrá ratificarse el anterior o recurrir a uno nuevo.
El tema viene precedido de la aguda controversia suscitada por una licencia de explotación petrolera otorgada y revocada en las cercanías del parque de La Macarena hace unas semanas. El propio Presidente de la República había pedido dar marcha atrás. No en vano se anunciaba una moción de censura al ministro de entonces y el Congreso había citado al director de la ANLA a un recio debate en el hemiciclo. Todo eso pasó a segundo plano con la remoción ministerial mientras, al mismo tiempo, se producía la renuncia del último. A hoy, al parecer, todavía falta por superarse el tema. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrirá en la institución.
Es importante que se resuelva el asunto lo más pronto posible. La sensibilidad del trabajo que allí se adelanta requiere de una cabeza formal y debidamente empoderada. Porque el vacío y la situación que se vive puede dar lugar a confusiones y no es bueno, desde el punto de vista del escrutinio público, que la comunidad no sepa a qué atenerse. Tanto los inversionistas como los sectores ambientales y, en general, la estructura del Estado, siendo por lo demás la ANLA una entidad transversal que debe trabajar con los múltiples sectores de la producción, necesitan absoluta claridad.
Hace unos días, asimismo, el nuevo ministro anunció la creación de un comité de expertos que supervisaría el otorgamiento y seguimiento de las licencias ambientales. Que se sepa, hasta el instante ello ha sido una propuesta pero aún no ha sido confirmada y reglamentada. Es también importante que la opinión pública pueda saber a qué atenerse al respecto. Si la idea sigue o se cambió de criterio, porque en un momento dado la propuesta fue de buen recibo.
Al mismo tiempo, la Contraloría ha advertido sobre las falencias de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) frente al anunciado fenómeno de La Niña que, según lo dicho por el Ideam, vendrá con una fortaleza similar al que causó las catástrofes climáticas de hace unos años. Lo que interesa, por igual, es que el Estado se anticipe a las circunstancias y tenga previstas actividades de provisión y socorro. No es suficiente con cargar toda la responsabilidad a las CAR por cuanto, no solo sus presupuestos son claramente insuficientes al respecto, sino que tampoco gozan del personal experto en este tipo de materias humanitarias. Si bien las CAR requieren de un ajuste, especialmente en esta materia, que no es necesariamente legislativo o con referencia a la composición de sus juntas directivas, tampoco deben ser el chivo expiatorio al que todo el mundo recurre frente a un fenómeno que tiene una clara exposición nacional.
En tanto, el nombramiento en la ANLA tiene que resolverse expeditivamente. No es bueno que permanezca el vacío o la expectativa de cambio sin resolución porque ello genera desgaste institucional.