Las versiones que circulan en torno a que asoma un pulso político para la escogencia de los presidentes de las federaciones nacionales de departamentos y municipios preocupan. Si bien es cierto que los mandatarios territoriales tienen un claro origen partidista y provienen de distintas corrientes ideológicas, las respectivas agremiaciones deben estar por encima de esas particularidades ya que ejercen una vocería técnica frente al Gobierno nacional.

Sin embargo, una parte de la culpa de esta circunstancia la tiene el propio Ejecutivo por cuanto no solo entabló una dura controversia política con muchos de los gobernadores que entregaron el poder el pasado 31 de diciembre, especialmente por no compartir sus alertas generales sobre el grave deterioro de la seguridad y el orden público, sino que tras la elección del pasado 29 de octubre de los nuevos titulares departamentales se reunió primero con un grupo de mandatarios entrantes a los que dijo que consideraba “cercanos” a su causa, dejando de lado a aquellos que, por el contrario, provienen de partidos y fuerzas políticas adversas a la Casa de Nariño. Solo después se dio una reunión con estos últimos.

Igual ocurre en cuanto a algunos de los alcaldes, sobre todo de las principales capitales del país, en donde fue claro que la centroizquierda fue la gran derrotada en los comicios regionales. No se puede desconocer que los titulares de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla o Bucaramanga tienen marcadas diferencias con el Gobierno nacional, pero, aún así propusieron dejar esa situación de lado y sentarse a coordinar asuntos urgentes en materia de seguridad, presupuesto, planes prioritarios viales y de infraestructura, entre otros aspectos. Hasta el momento esa coordinación institucional no se ha podido aclimatar como se requiere y persisten las reservas de lado y lado en temas fundamentales.

Desde estas páginas advertimos que estas circunstancias eran abiertamente inconvenientes porque generaban un grave cortocircuito entre los niveles nacional, regional y local, sobre todo en un país cuya arquitectura política y administrativa hace obligatoria una interacción funcional entre las autoridades centrales y las territoriales.

Sin desconocer que estamos en un país altamente polarizado, resulta imperativo que la elección de las presidencias de las citadas federaciones de mandatarios regionales no termine en un pulso entre sectores gobiernistas y antigobiernistas. Las agremiaciones de gobernaciones y alcaldes deben ser instancias de vocería objetiva y técnica, sin matrículas políticas ni partidistas. Hay una agenda muy densa e importante que viabilizar entre el Gobierno nacional central y los departamentos y municipios que no admite dilaciones ni distracciones.