*Al fin, ¿dónde está el aval fiscal?

* No repetir los desastres de Bogotá

En respuesta al comunicado de un grupo de 18 exministros y exviceministros de salud, titulado “Colombia avanza hacia un colapso de su sistema de salud”, el presidente Gustavo Petro trinó a uno de los remitentes: “Colombia avanza hacia un modelo fuertemente preventivo en todos los territorios”.

En efecto, ambos mensajes elevan la zozobra que se extiende en el país ante la temeraria intención del Gobierno de estatizar y feriar en manos de la politiquería un sistema cuya consolidación nos tomó tres décadas, hasta llevarlo a un lugar destacado en el mundo.

Entre las inquietudes de la misiva se encuentra el disparatado proyecto de construir, con las juntas de acción comunal, “miles de centros de atención primaria” que, muy en su estilo, el primer mandatario anunció sin sustento en estudios que precisen objetivos, costos, viabilidad, controles ni fuentes de financiación. De hecho, el ministro del ramo añadió de colofón que se necesitan nuevas e ingentes cargas tributarias para sustentar el viraje regresivo del sistema. Lo cual demuestra, asimismo, que haber avanzado la votación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, sin un aval fiscal real, podría haber lindado con el prevaricato. Y decirlo no es ningún fastidio, para no pecar del tradicional deslenguamiento ministerial en la materia.

Por otra parte, denuncian los exfuncionarios la clara intención del Gobierno de inducir una crisis del sector a través de su desfinanciación deliberada y cuestionan el nombramiento en la presidencia de la Nueva EPS de “una persona cuyos antecedentes ejecutivos no dan las garantías técnicas ni de capacidades gerenciales para gestionar la EPS más grande del país…”. Lo que conduce directamente a lo que fuera el manejo de la salud en Bogotá en esa época, que a todas luces fue calamitoso en sus manos, durante la administración capitalina de Petro.

Ciertamente, cuando el actual presidente entregó el gobierno distrital, en 2016, catorce de los veintidós hospitales de la ciudad estaban clasificados con riesgo financiero medio o alto, en peligro de quiebra y liquidación. Capital Salud, la EPS del Distrito, gerenciada por quien ahora asumirá la Nueva EPS, registraba un déficit de 600.000 millones de pesos −cuatro veces su patrimonio− y estaba intervenida por la Superintendencia sectorial. Para no hablar de la renovación de los contratos que previamente llevaron a la cárcel a un exalcalde y a su secretario correspondiente, y en virtud de los cuales la ciudad llegó a pagar en su momento 67.000 millones de pesos al año para operar 80 ambulancias.

Por supuesto que la medicina preventiva es bienvenida. Pero no con base en los “Territorios Saludables” bogotanos, que era un programa soportado en “enlaces comunitarios” integrados de común acuerdo con líderes barriales que apoyaban a la llamada “Bogotá Humana” con agenda política en mano. Expertos calculan que fueron 8.000 contratos que costaron a la ciudad 1.000 millones de pesos al día y sus resultados fueron cuestionados porque gran parte de los contratados no tenían formación en salud y ni siquiera experticia de otra índole profesional.

Desde luego, con o sin reforma, fortalecer la medicina preventiva es apremiante y necesario, pero es una tarea que debe ser realizada exclusivamente con criterios técnicos, por profesionales calificados. Así como es indispensable poner pronto a tono el sistema de atención periférico con la infraestructura de calidad y el servicio que se merece.

En tanto, el colapso del sistema de salud nacional advertido por los exfuncionarios de máximo nivel no es una fantasía. Por lo cual una invitación a las audiencias públicas sobre la reforma, en que puedan explicar la misiva, es de urgencia para mayor ilustración popular y del Senado.

Hoy abundan por todo el país damnificados por la confusión en la asistencia médica, por la abrumadora escasez de medicamentos y por los aplazamientos de citas derivados de la repentina y obstinada restricción de recursos. Desde los primeros anuncios oficiales −del presidente y de su entonces ministra Carolina Corcho− hasta los agravios del lenguaraz ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, todo ha sido turbulento y aventurado en el estatizante proyecto de reforma. Pero no por ello, ni por los insultos, la ciudadanía dejará de vigilar celosamente el proceso; denunciar riesgos y daños en una materia que, sin exageración, es de vida o muerte; defender sin timidez el bienestar general y cumplir con la obligación de amparar uno de los derechos principales entre los fundamentales.