* Urge aterrizar reforma a regulación sectorial 

* Evidentes falencias en confiabilidad del sistema

 

La designación del nuevo ministro de Minas y Energía la semana pasada así como la desaparición del riesgo de un racionamiento eléctrico se dieron de forma paralela a la controversia en torno a si deben incrementarse las tarifas de energía. Simultáneamente se multiplicaron las alertas del Congreso al Gobierno en torno a cuándo empezarán a llegar los proyectos de ley y reforma constitucional para reajustar toda la reglamentación del sector. 

 

La conjunción de esas cuatro circunstancias debe llevar a que el país y las autoridades respectivas, con el concurso de todos los actores del sector energético en Colombia, generen un escenario de discusión seria y profunda que lleve a consensuar las nuevas reglas del juego. 

 

Si bien es cierto que el buen comportamiento de los colombianos en el marco de la campaña “ahorrar paga” fue determinante para neutralizar el fantasma de un apagón parcial, no por ello se puede perder de vista que en medio de las afectaciones por el fenómeno climático del Niño y los daños sobrevinientes en algunas centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, también quedó en evidencia que hay falencias muy graves en materia de regulación y control del sector energético. Esos flancos débiles desnudaron que una parte de las millonarias inversiones en las últimas dos décadas para ampliar el parque de generación no cumplió con los objetivos previstos, por lo que los estándares de confiabilidad del sistema todavía dejan mucho que desear. Yerros que también pusieron al descubierto que el control y vigilancia, en cabeza de superintendencias, comisiones autónomas y la propia autorregulación de las empresas del sector público y privado, tiene muchas zonas grises, en donde hay no sólo duplicidad de funciones y cruces de competencias, sino que tiende a funcionar sólo cuando el daño ya está hecho, pese  a que lo lógico es que encienda alertas tempranas que permitan poner en marcha planes de contingencia que neutralicen los riesgos o amortigüen sus efectos negativos.

 

En ese orden de ideas es urgente que desde el Gobierno se pongan sobre la mesa los derroteros de la reforma a la regulación del sector energético que prometió semanas atrás. Por ejemplo, debe abrirse la discusión en torno a la funcionalidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), cuyo papel ha estado en el ojo del huracán en el último año. La autonomía de estos entes de regulación continúa generando debate, sobre todo por las diferencias de criterios y planes de acción que sus directrices de largo plazo tienden a tener con las decisiones coyunturales gubernamentales. No menos importante es evaluar si la Superintendencia de Servicios Públicos tiene el suficiente andamiaje institucional, las herramientas eficaces, los sistemas de control en tiempo real y, sobre todo, las facultades prevalentes para garantizar que las empresas que suministran energía, agua y gas están actuando de forma transparente, cuentan con la viabilidad financiera y administrativa requerida y su accionar no pone en peligro la crucial tarea que deben cumplir. Las dudas que persisten sobre las inversiones de los cuantiosos recursos que pagaron los usuarios en la última década, por concepto de “cargo por confiablidad”, evidencian que hay zonas grises en el sector que dan cabida a posibles casos de corrupción y desgreño administrativo.

Por otra parte, la polémica de las últimas semanas en torno a políticas tarifarias de corto, mediano y largo plazos deja ver que en este campo también urge una clarificación del escenario normativo. Mientras que los generadores y comercializadores sostienen que deben subir los precios cobrados a los usuarios para garantizar la estabilidad financiera del sistema, los grandes consumidores replican que no hay justificación para tales reajustes y que no se puede trasladar a las tarifas la ineficiencia de las empresas prestadoras.

Igualmente es urgente que se determinen nuevos y eficaces incentivos para la generación de energía a partir de mecanismos de producción ambientalmente sostenibles, como los parques eólicos. Necesario también es que entes de control como la Procuraduría y la Contraloría afinen sus mecanismos de vigilancia y alerta temprana al sector energético, puesto que la prioridad no es saber a quién le caen los castigos disciplinarios, fiscales o incluso penales por graves fallas en el servicio, sino evitar que estas se presenten. Tampoco faltan los expertos que han sugerido que por su especial sensibilidad  e importancia, el mercado mayorista energético requiere una vigilancia especial y, si se quiere, con filtros y condicionalidades a sus transacciones…

Como se ve, la reingeniería al sector energético no da espera y ya es hora de acabar el sobrediagnóstico de sus problemáticas y pasar a aterrizar las soluciones de fondo que aumenten su eficiencia y seguridad.