* “Repúblicas aéreas” del Libertador
* Revisar la Defensoría del Pueblo
En general, mucho antes que pensar en acabar la Procuraduría más bien podría pensarse en la eliminación de otras entidades. O, con más veras, de aquellas que duplican sus funciones.
Porque ciertamente la Procuraduría, no solo hace parte de las pocas instituciones que el Libertador propuso y logró poner en marcha, sino que también es un órgano que, a lo largo del trayecto histórico de Colombia, se ha demostrado definitivo en la construcción de una democracia que, como la nuestra, siempre se ha resistido a ser mera copia o insulso duplicado del exterior.
En efecto, y por fortuna, el sistema democrático colombiano se ha desarrollado a partir de sus raíces y necesidades auténticas. Eso ya de por sí es un mérito. Aún con sus dificultades e incomprensiones.
De su parte es conocido, asimismo, que el Libertador denegaba, con amplio despliegue y acierto, de lo que denominaba las “repúblicas aéreas”. Es decir, toda aquella creación de derecho público que no obedecería a las exigencias de las realidades nacionales inmediatas o hiciera la vista gorda ante fenómenos que debían disciplinarse y corregirse.
En consecuencia, siempre tuvo en mente algún tipo de mecanismo que sirviera para proscribir el vicio por excelencia que, a su profético modo de ver, impedía el desarrollo adecuado de la república: la corrupción. No en vano en sus documentos más sobresalientes, desde el Manifiesto de Cartagena hasta el discurso de Angostura, sin dejar de lado la Carta de Jamaica, se trató de una permanente preocupación.
Precisamente, parte de su escepticismo frente al futuro del país radicaba en ese fermento de corruptelas que, inclusive como una cultura enquistada en el devenir social, anidaban a lo largo del territorio, desde Caracas a Guayaquil y de allí a Panamá, además de la capital. En buena medida, habiendo recorrido la extensa zona palmo a palmo esa prevención le había nacido de constatar la carencia de una ética pública de modo directo. Todavía más perniciosa, por supuesto, en un país de arcas tan exiguas, con frecuencia imposibilitado de pagar las nóminas y por consiguiente desprovisto de adelantar las apremiantes obras del progreso.
De hecho, quiso remediarlo con ideas de la Ilustración, con base en su espíritu neoclásico, al estilo de una corporación que al lado de las dos legislativas hiciera las veces de una Cámara de censores. Pero a los que pretendían solo hacer una réplica exacta de las instituciones norteamericanas les pareció un infundio o, mejor dicho, una amenaza. Menos si esto hacía parte de la Constitución boliviana.
Finalmente, algo pudo salvarse en la creación de la Procuraduría, con fundamento en una autonomía prevalente que dio en llamarse el Ministerio Público, representativo de los intereses del pueblo y la sociedad, y con funciones de supervisión y sanción sobre el aparato administrativo estatal. Y que, si bien en principio podría homologarse al “Procurador del Rey”, tuvo atribuciones muy superiores y una órbita de acción de mayor envergadura al ser designado por los órganos legislativos, en consonancia con la democracia representativa indirecta. De suyo, en ciertas ocasiones se ha pensado que, por sus características, podría ser motivo de elección popular.
Efectivamente, consiste la colombiana en una entidad de más alcance a la Procuraduría y Fiscalía, en Estados Unidos, cuyas funciones se atiborran en el ministerio de justicia y que en no pocas oportunidades se ha demostrado que terminan al garete de los intereses espurios y personales del presidente o su delegado en el gabinete (por ejemplo, el escándalo de Watergate).
En esa dimensión, pues, la Procuraduría es heredera de aquella figura de la Cámara de censores bolivariana y como tal es un órgano genuino de la democracia colombiana. Por eso, no solo intervienen en la designación de Procurador todas las ramas del poder público, sino que las competencias están claramente definidas. Así cumple, ciertamente, con la misión de representar a los ciudadanos ante el Estado y a este ante los jueces. Y de esta manera también vela por el orden institucional y da curso a su potestad sancionatoria como dique ante conductas improcedentes.
No en vano, además, la institución ha sido víctima del martirologio. Mientras que, de otra parte, no solo infinidad de sentencias cotidianas de magistrados y jueces han sido soportadas en sus pronunciamientos, sino que ha sido sustancial en acrecentar y mantener el vigor constitucional en todo tiempo y lugar.
Quizá más bien convendría revisar otras entidades, como la Defensoría del Pueblo, que termina duplicando las funciones y gastos de la Procuraduría como organismo auxiliar. Lo que al menos parece hoy inoportuno, sin duda, es abogar por menos Procuraduría cuando evidentemente, y vista la situación actual, se necesita de este organismo más que nunca.