*Trascendental decisión sobre droga contra cáncer

*La propiedad intelectual, entre derechos y deberes

 

El pulso entre la multinacional Novartis y el Ministerio de Salud alrededor de un medicamento que se utiliza para contrarrestar ciertos tipos de cáncer es trascendental, no sólo por lo que implicaría en materia de abaratar el tratamiento para el creciente número de pacientes de esta penosa enfermedad, sino porque de la forma en que se resuelva esta disputa dependerá la nueva política farmacéutica en el país, sobre todo en lo relativo a la competencia entre medicinas de marca y patentadas y aquellas llamadas “genéricas”, es decir las que son producidas a más bajo precio al utilizar el mismo principio activo de las primeras pero sin haber invertido las millonarias sumas en la investigación y desarrollo que dieron pie a su descubrimiento y producción exclusiva.

 

El pleito en referencia es muy complejo porque están en juego elementos relacionados con los alcances de la propiedad intelectual, la prevalencia de los derechos colectivos y generales sobre los individuales y particulares, el poder de influencia y lobby político de las multinacionales farmacéuticas, las cláusulas que rigen el comercio global y los tratados de libre comercio, así como la necesidad de todo país de asegurar la sostenibilidad financiera y la calidad de su sistema de atención en salud a toda la población.

 

A grandes rasgos el pleito radica en que Novartis tiene la titularidad del medicamento Glivec, que ha demostrado tener una gran eficacia en el tratamiento de personas que sufren de leucemia mieloide crónica y otros tipos de cáncer. Se le considera muy efectivo porque a diferencia de otras drogas que tienen altos efectos colaterales en los pacientes, Imatinib, cuyo nombre comercial es Glivec, ataca preferencialmente el volumen  de las células enfermas pero deja intactas las sanas. El problema radica en que es un medicamento de alto costo, a tal punto que el tratamiento anual para un paciente ronda los 50 millones de pesos. De allí que el Gobierno colombiano haya propuesto a la multinacional suiza disminuir su valor en alrededor de un 50 por ciento. Y lo hizo en atención a que un “comité para la declaratoria de razones de interés público” de esa cartera recomendó levantar la exclusividad de la patente de Novartis sobre el medicamento Imatinib, lo que permitiría a otros laboratorios competirle produciéndolo genéricamente, obviamente a más bajo costo. Dicha recomendación planteaba buscar, primero, una negociación directa con la multinacional y, en caso de no lograrse, pedir a la Superintendencia de Industria y Comercio que mediante un acto administrativo levante la exclusividad de la patente y dé vía libre al licenciamiento obligatorio de todos los competidores. 

 

Es precisamente en esta instancia en la que se encuentra el proceso y ha dado lugar a un intenso pulso a nivel nacional e internacional no sólo de la industria farmacéutica, sino de otros sectores. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos trascendió que el poderoso lobby de las multinacionales quiere condicionar el apoyo de ese país al Plan Colombia a que se respeten los derechos de Novartis, varias ONG de peso en el campo externo se pusieron de lado del Gobierno colombiano pidiendo a senadores norteamericanos apoyar las medidas contra los monopolios trasnacionales en el rentable negocio de las medicinas.

 

“Siempre habrá una fricción entre los genéricos y los productos de marca, por definición. Somos aquí en Colombia, y eso que quede muy claro, defensores de la libre competencia, creemos que es lo que en el fondo, más beneficia al consumidor. Pero cuando esa libre competencia se distorsiona o se abusa de ella, es cuando el Estado tiene que entrar a intervenir y es lo que siempre haremos, con el principio de mantener en todo momento el interés general, el de los pacientes y el interés de mantener la inversión y ser atractivos para cualquier inversionista”, dijo días atrás el presidente Santos al ratificar la política del gobierno en materia de política de medicamentos. Una política en desarrollo de la cual, por ejemplo, un nuevo sistema de control de precios permitió en los últimos dos años el ahorro de un billón de pesos. No hay que olvidar que se han detectado que al sistema de salud en Colombia se estaban cobrando drogas con sobreprecios que superaban ostensiblemente su valor en otras naciones.

 

Habrá que esperar cuál es la decisión de la Superintendencia y si Colombia entra así en el listado de países que han tenido que librar -y ganar- luchas contra las multinacionales de medicamentos para proteger las finanzas y calidad de su sistema de salud.