*Acelerar la estrategia de seguridad

*Más apoyo del Gobierno nacional

Si hay alguna coincidencia entre los expertos en materia de seguridad ciudadana es que no hay medidas mágicas para acabar de un día para otro con los principales fenómenos de delincuencia, ya sea común u organizada.

En ese orden de ideas, los robos a restaurantes, casos de sicariato, fleteos y otros delitos de alto impacto registrados en las últimas semanas en la capital del país no son un fenómeno nuevo. De hecho, no hay que olvidar que la principal crítica a la administración anterior estuvo referida a su deficiente gestión en materia de seguridad, a tal punto que este tema fue eje central en la campaña por la sucesión en el Palacio Liévano, siendo claro que la propuesta del hoy burgomaestre Carlos Fernando Galán fue la que más eco tuvo entre la ciudadanía.

Por lo mismo, una de las primeras acciones de la entrante Alcaldía fue, precisamente, el lanzamiento de su estrategia de seguridad y convivencia ciudadana, denominada “Bogotá Camina Segura”, que en su corto tiempo de aplicación ha sido efectiva en la reducción de algunos delitos, con golpes contundentes a redes de extorsión y microtráfico, así como la captura de sindicados de homicidio y hurtos, entre otras conductas ilegales.

Sin embargo, a la par de lo anterior se han registrado acciones criminales de alto calado, como atracos a restaurantes, homicidios como el perpetrado ayer contra un empresario en el parque de la 93 o los hurtos en el sistema de transporte masivo, casos de impacto en la opinión pública no solo por la gravedad de los mismos, sino por la amplia difusión de las imágenes en las redes sociales y los medios de comunicación.

Frente a todo ello, desde muchos sectores de la ciudad se exige que la nueva estrategia de seguridad de la Administración distrital acelere su implementación.

Aunque es entendible que todo modelo estratégico, sobre todo en un flanco tan complicado como este, requiere un lapso de tiempo prudencial para activarse y empezar a dar los resultados integrales esperados, la situación en la ciudad se está tornando cada vez más crítica y obliga a que tanto desde la Alcaldía como la Policía Metropolitana y demás organismos de seguridad pongan en marcha, aquí y ahora, acciones extraordinarias.

De hecho, ya algunas voces plantean que se analice la posibilidad de pedir el apoyo de las Fuerzas Militares para patrullar en las zonas de mayor incidencia delictiva. No hay que olvidar que esas labores de “asistencia” castrense están autorizadas por la legislación e incluso por una sentencia de la propia Corte Constitucional.

Asimismo, es urgente que el Gobierno nacional entre a apoyar de manera más decidida a las autoridades distritales. No solo es necesario aumentar el pie de fuerza policial, sino que se requiere una asignación más contundente de personal de inteligencia, apoyo aéreo, recursos tecnológicos y redoblar el control en las cárceles, que hoy son el principal centro de operación de las redes de extorsión que tienen atemorizados a los comerciantes y habitantes de muchos barrios y localidades. Por igual es necesario hacer más drásticas las medidas judiciales y penitenciarias para combatir la reincidencia criminal y la excarcelación cíclica de delincuentes.

En el Congreso, incluso, volvieron a escucharse ayer las voces a favor de que la capital pueda tener su propio departamento policial, tal como ocurre en muchas metrópolis del mundo. De hecho, cursa un proyecto al respecto.

También deben tenerse en cuenta las posturas de algunos gremios y empresarios que se muestran prestos a colaborar con el Distrito si llegan a ser convocados para poner en práctica medidas de choque que frenen esta complicada coyuntura.

Ese plan de contingencia es aún más imperativo ante el alud de reacciones, sobre todo en las redes sociales, de ciudadanos desesperados que plantean que es hora de que las personas se armen e incurran en la mal llamada y abiertamente ilegal ‘justicia por mano propia’. Nada más peligroso que dejar crecer este tipo de sentimientos entre la población, pues no solo se deslegitima el rol del Estado como único titular del uso legítimo de la fuerza y la autoridad, sino que incrementa la intolerancia y los casos de xenofobia.

Visto todo lo anterior, es claro que Bogotá urge acelerar la nueva estrategia de seguridad y convivencia ciudadana, acudiendo para ello a medidas extraordinarias. La situación no da espera y exige audacia y una mayor capacidad de decisión para enfrentar el pico delictivo.