- Entorno cercano, clave en alerta temprana
- No solo aumentar penas y reducir impunidad
Tras cada hecho de extrema barbarie contra un menor de edad o una mujer en Colombia se multiplican las voces que urgen aumentar los castigos penales y reducir cualquier posibilidad de beneficios penitenciarios a los culpables de asesinatos, violaciones y otros vejámenes contra esta clase de víctimas. Eso está ocurriendo luego del espantoso caso de una niña de tres años que habría sido abusada sexualmente e incluso quemada con ácido en Bogotá. Todo ello en medio de un confuso marco circunstancial en donde la menor, que se supone debía estar bajo custodia y protección temporal en casa de su abuela en Yopal, en 2016 fue sacada de allí por su propia madre, y después terminó al cuidado de una mujer en una guardería clandestina en la capital del país. Incluso se sospecha de la existencia de una red de trata de personas y pederastia… Es más, la progenitora de la niña, que años atrás era una posible víctima de explotación sexual, fue capturada ayer por porte ilegal de armas.
El caso de esta menor, que continúa hospitalizada bajo pronóstico reservado y ahora sí bajo la protección total del Instituto de Bienestar Familiar, se suma a un aumento del maltrato infantil este año. Según Medicina Legal, sólo entre enero y abril la violencia sexual contra niños y niñas ha crecido 23 por ciento. En materia de feminicidios, las estadísticas también muestran un incremento.
Luego de este indignante caso se reabrió el debate en torno a si la legislación para penalizar el feminicidio, o su tentativa, es lo suficientemente drástica para castigar al delincuente y, de paso, servir de elemento disuasivo que reduzca esta clase de crímenes. Frente a ello hay que decir que ya las condenas y agravantes por feminicidio se acercan al máximo posible en Colombia -sesenta años de prisión- sin derecho a mayor rebaja por confesión, trabajo, buena conducta o incluso cumplimiento de las tres quintas partes de la pena. Ir más allá implicaría, entonces, avanzar a temas como la cadena perpetua. Otro flanco de la discusión es si jueces y fiscales están aplicando de forma correcta la ley que tipificó el feminicidio como conducta penal autónoma. No menos importante es el juicio que se hace al Estado sobre su capacidad para proteger a las potenciales víctimas, ya que muchas de ellas tenían medidas de protección pero aun así fueron revictimizadas o incluso asesinadas. En el caso de la niña abusada y quemada en Bogotá, ya la custodia le había sido retirada a la madre desde hace tiempo, por lo que corresponde a Bienestar Familiar aclarar ahora qué seguimiento hizo y cómo fue posible un desenlace tan trágico.
A la par de lo anterior hay muchos conceptos en torno a que frenar el maltrato infantil en Colombia no se logra haciendo más gravosos los ya drásticos castigos penales, sino propiciando un cambio cultural y sociológico en una sociedad que, lamentablemente, ha sido proclive a un clima de violencia que tiende a victimizar a los más débiles e indefensos.
Pero dada la dificultad de ese cambio, lo que urge es que el Estado aplique políticas efectivas de prevención y detección temprana de casos potenciales de agresiones. El mayor problema no es lo que sucede poscrimen, ya que el aparato judicial ha aumentado su eficiencia para evitar la impunidad, muchas veces apoyado en la colaboración de una ciudadanía indignada.
¿Cómo implementar esa estrategia? En el Congreso ya hay un proyecto de ley que plantea, entre otras iniciativas, crear un Registro Nacional de Agresores así como un sistema para hacer más efectivo el seguimiento a las medidas de protección, con fuertes sanciones para los funcionarios públicos que incumplan este deber.
Otros analistas plantean crear un esquema de alertas tempranas más ágil. No es fácil pues muchas de las agresiones y situaciones de riesgo ocurren al interior de los hogares o en espacios en dónde las autoridades no hacen presencia permanente ni son requeridas de forma habitual. Por lo mismo allí es clave la capacidad de denuncia del vecino, el profesor, el dirigente de acción comunal, el compañero de trabajo, el padre de familia que se entera de las agresiones a un compañerito de su hijo… Es ahí, en ese entorno cercano, en donde las alertas tempranas terminan siendo más efectivas y dan a las autoridades la capacidad y oportunidad de actuar antes de un desenlace fatal como es el feminicidio o su tentativa. Hacia esa dirección debe propender la política de protección a niños y mujeres. Una política que involucra a todos y que redimensiona el rol del ciudadano dentro de una sociedad como garante de los derechos, no solo suyos y de sus allegados, sino de todos los que lo rodean, en especial los más débiles e indefensos.