Ya son muchos los campanazos dados por los expertos alrededor de los riesgos que implica el proyecto de reforma a la salud que entra a tercer debate en el Senado. Sin embargo, la mayoría de esas advertencias han sido ignoradas de forma reiterada tanto por los representantes a la Cámara que terminaron votando a favor de la cuestionada iniciativa en la comisión Séptima como por las mayorías en la plenaria de la corporación. De hecho, en algunos casos pesaron más los ofrecimientos burocráticos por parte del Gobierno a algunos parlamentarios que las razones fundadas expuestas por múltiples sectores del país sobre la inconveniencia de este ajuste de fondo al esquema de aseguramiento y atención médica.

Cuando ya estamos a menos de tres semanas de que se retome el trabajo en el Congreso, los exministros y exviceministros de Salud volvieron a lanzar alarmas en torno a que Colombia avanza hacia un fuerte colapso en el sistema.

En una misiva con elevado rigor técnico, los extitulares de esa cartera no solo advierten que sus alarmas han sido reiteradamente desoídas, sino que el articulado de la reforma a la salud que llega a tercer debate tiene muchas y graves implicaciones.

Señalan incluso que la mayoría de representantes a la Cámara aprobaron “(…), artículos en bloque, sin mayor análisis, sin discusiones basadas en la evidencia técnica y científica, sin escuchar y atender a las voces expertas que se han manifestado públicamente en contra y han señalado los inconvenientes y las contradicciones de los textos contenidos en el mencionado proyecto de ley”.

Tras destacar las virtudes del actual modelo, volvieron a dejar sobre la mesa una serie de interrogantes para evidenciar las falencias de la iniciativa que empezará a ser discutida a partir del 16 de febrero en la comisión Séptima del Senado, y sobre la cual ayer empezaron otra serie de audiencias públicas.

Los exministros y exviceministros critican aspectos clave del proyecto, como la creación de los llamados “Centros de Atención Primaria en Salud”, sobre todo por las dudas en torno a que estas instancias puedan gestionar y asegurar de manera eficiente la continuidad de los tratamientos médicos más vitales. También recalcan que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se verá sobrepasada por la gestión de millones de facturas anuales y esos retrasos en los pagos amenazarán la sostenibilidad de la red de clínicas y hospitales.

Todo lo anterior para puntualizar que se requiere un cambio que no destruya el sistema de salud y que, por lo mismo, el Congreso tiene la palabra para evitar el anunciado colapso.