· Procuraduría abrió investigación al sector
· Señalar a los culpables del riesgo de apagón
MIENTRAS que el país continúa atento a cómo avanzan las campañas para el uso racional de energía eléctrica y sigue con expectativa la forma en que se adelantan las reparaciones en la central hidroeléctrica de Guatapé, al tiempo que se preocupa con los altibajos en el funcionamiento de algunas de las plantas térmicas, se quedó en un segundo plano el ritmo de las investigaciones sobre cómo fue posible que el país haya llegado, desde hace tres semanas, al borde de un eventual racionamiento, cuyas causas, se sabe, no sólo responden a situaciones coyunturales como los efectos del fenómeno climático de El Niño o los daños accidentales en varias generadoras, sino también a falencias estructurales, que van desde la débil regulación del sector hasta las deficiencias en materia de control por parte de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) así como de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Se equivocan quienes consideran que con la renuncia del Ministro de Minas y Energía se puede dar por saldado el ‘costo político’ derivado de un inminente riesgo de apagón. Todo lo contrario, lo que la opinión pública está esperando con ansiedad son los resultados de las pesquisas de los entes de vigilancia para que se señalen de forma taxativa y objetiva a los responsables de que hoy por hoy Colombia, pese a la gran cantidad de recursos invertidos en las últimas dos décadas para asegurar la confiabilidad del sistema energético, esté de nuevo al borde de repetir racionamientos como los registrados a comienzos de la década de los noventa.
Días atrás la Procuraduría General anunció que había terminado la actuación preventiva alrededor de la crisis energética y ahora la Delegada Preventiva para la Función Pública enviaba “la investigación al operador disciplinario para que se indague sobre la eventual imprevisión de las autoridades públicas que tienen competencia en esta materia referida a la escasez de gas que ha generado posible racionamiento". Como se sabe, el Ministerio Público viene analizando desde finales del año pasado qué fue lo que pasó con los billonarios recursos que, por la vía del llamado “cargo por confiabilidad”, pagaron todos los colombianos en sus recibos mensuales de luz eléctrica, y que se supone estaban destinados a fortalecer la capacidad de generación hídrica y térmica. De acuerdo con el Procurador General hay tres líneas de investigación alrededor del destino de este sobrecargo tarifario en la última década. Una de ellas es establecer exactamente cuál fue la inversión que se hizo de tales dineros. La segundo, clarificar si existió o no imprevisión en materia de escasez de gas (que es el combustible con que funcionan las termoeléctricas, además del carbón y el diésel) y -tercera- si existieron o no irregularidades en la determinación del precio de escasez.
Paralelo a ello la Contraloría, que sin duda proyectó uno de los informes más reveladores sobre las causas coyunturales y estructurales de la debilidad del sistema energético, también debe acelerar las pesquisas de orden fiscal para señalar a los responsables públicos y privados que, por acción u omisión, tienen al país al borde de un apagón, riesgo que no corre ninguna otra nación latinoamericana, pese a que a la mayoría de ellas también les afectó en mayor o menor grado El Niño.
Igualmente la Fiscalía tendría que poner el pie en el acelerador de las investigaciones sobre presuntos malos manejos, desvíos e incluso posibles actos de corrupción en que pudieron haber incurrido los titulares de algunas empresas del sector energético, cuya situación financiera es muy crítica sin que estén claras las razones de semejante debacle.
Entretanto, si bien es cierto que el Congreso le ha pedido la renuncia a los integrantes de la CREG y ha puesto la mira sobre la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se requiere un papel más activo del Legislativo, no sólo para adelantar esta clase de debates de control político, sino en la prioritaria tarea de proyectar los respectivos proyectos de ley y reforma constitucional para modificar todo el conjunto institucional de vigilancia y control del sector energético.
Más allá de si avanzan a buen ritmo las campañas para promover el ahorro de energía en la ciudadanía y los sectores privado y público, es clave que los juicios de responsabilidad que se realizan sobre la crisis en el sistema de generación, aceleren su marcha y así el país pueda saber a ciencia cierta de quién es la culpa de que el país se pueda quedar a oscuras.