- El IVA, núcleo de Ley de Financiamiento
- Urge mayor austeridad en el gasto público
Arranca el proceso más difícil del gobierno del presidente Iván Duque, posesionado hace casi tres meses, con la presentación al Congreso del proyecto de reforma tributaria cuyo fin será el financiamiento de las inversiones y compromisos a cargo del Estado. Con ello se abre, finalmente, el debate que ha copado las expectativas de las últimas semanas.
La promesa esencial de la campaña presidencial estuvo enfocada en la baja de impuestos a la empresa privada a fin de buscar más empleo y lograr una inversión de mayor envergadura hacia el futuro. También se pretende con exenciones y mayores deducciones la promoción de la cultura, la hotelería y la llamada “economía naranja”. Fue esta última una promesa del presidente Duque en la justa electoral y de este modo cumple con el propósito de hacer de las alternativas digitales, creativas e innovadoras, con los demás productos asociados a estos rubros, propios del mundo contemporáneo, el epicentro de su acción administrativa.
Como es bien sabido, luego de aprobarse el Presupuesto de la Nación para 2019 quedó un faltante de catorce billones de pesos por sufragar. El eje de la propuesta gubernamental está enfocado, como ya lo había anunciado, a conseguir caja rápidamente a partir de imponer IVA a una parte de los productos exentos en la canasta familiar y bajar en un punto la tarifa general existente para los ya gravados. Será este, por supuesto, el debate central en el Congreso de la República y muy seguramente se llegará a una fórmula intermedia. En todo caso para evitar el factor regresivo del IVA se compensará por anticipado a los deciles más bajos de la población con una suma mensual de alrededor de 50 mil pesos, de acuerdo con la última Encuesta de Hogares. La fórmula es novedosa y se espera que llegue a buen término pese a que el canal para ello puede ser el del Sisben. En ese orden de ideas, con el solo ajuste del IVA se pretende recaudar alrededor de 11,5 billones de pesos, de los cuales serán descontados unos dos billones largos en compensaciones.
De la misma manera existen otros elementos a tener en cuenta en la reforma tributaria, no solamente a raíz de una nueva amnistía para declarar capitales en el exterior, sino básicamente con un sistema simplificado de deducciones tributarias fijado en un 30 por ciento, lo cual permite salir del intrincado maniobrerismo al que recurren los ciudadanos para mejorar su exposición tributaria. Es un hecho que no suele tenerse en cuenta pero que va en la dirección correcta, en la medida en que evita el fárrago de lo que significa la declaración de renta para el ciudadano común y corriente. De la misma forma, la reforma sube las tarifas impositivas para quienes ganen más de 30 millones de pesos mensuales y de ahí para arriba en una tabla gradual.
Es necesario, tal vez, una mayor reducción en el gasto público puesto que el ejercicio ahorrativo apenas alcanza el billón de pesos. La austeridad debería ser un norte de mucho mayor alcance y propio de toda una política gubernamental en la materia. Esto porque el ciudadano, en general, siente que los tributos no solo van a engrosar las filas de la corrupción, sino que igualmente hacen parte de un Estado voluminoso e ineficiente. Asimismo, el gobierno Duque pretende enajenar activos de la Nación por alrededor de 2,5 billones de pesos, lo que colabora en ese enfoque austero que no compromete la viabilidad estratégica estatal. Del mismo modo, aspira a conseguir un billón adicional fruto del ascenso en los precios del petróleo.
En suma, la reforma tributaria pone énfasis en el IVA para el financiamiento de las obras y los programas públicos. En múltiples ocasiones, desde que fue instaurado este impuesto, hace décadas, la discusión ha sido hasta dónde debe llegar su cobertura. En la gran mayoría de la América Latina no hay exenciones para ningún producto. Proceder del mismo modo en Colombia produciría polémica política, pero el debate está abierto y ya corresponde al Congreso sopesar los requerimientos de las inversiones sociales.
Queda mes y medio para la discusión de la reforma tributaria que en adelante copará la atención de la opinión pública. Existen al mismo tiempo infinidad de proyectos todavía por debatir y aprobar en el Parlamento. Sea lo que fuere, la llamada “Ley de Financiamiento” tiene la prioridad y con la apertura del debate, todavía faltando nombramiento de ponentes y demás, se sabrá de una vez por todas a qué atenerse en los próximos años en materia fiscal.