· Sentencia de Corte estimula el consumo
· Anarquía y confusión en política antidroga
LA política contra el consumo de estupefacientes del Estado colombiano se ha vuelto incomprensible. En una verdadera torre de Babel, la Corte Suprema de Justicia llega hasta el punto de decir que la dosis mínima debe tasarse de acuerdo con las necesidades del sujeto. Es decir, que no existe un límite al cual pueda supeditarse la sociedad, sino que todo depende del tamaño de la adicción del portante.
Con ello, por supuesto, se ha terminado con la dosis mínima. En realidad, lo que se ha dado con el paso dado por el alto tribunal es una liberalización interna del consumo de droga, por lo cual no hay despenalización o legalización, pero sí la aceptación del Estado para que se produzca el incremento del consumo y la libertad de hacerlo como se venga en gana. Es decir, ciertamente, una nueva política: la liberalización.
Al mismo tiempo los índices son claros en establecer cómo en los últimos tres años se ha disparado el cultivo de hoja de coca y no se tiene idea alguna de si se adoptarán las fumigaciones con un químico diferente al glifosato o todo quedará para erradicación manual. Simplemente se suspendió el uso de esa sustancia en las aspersiones aéreas y hasta el día de hoy la política al respecto parecería ser el mutismo y la permisividad.
Del mismo modo, el Gobierno anunció, desde hace varios años, que abriría el debate sobre la legalización de la droga en el mundo. Así lo hizo siguiendo algunos parámetros de otros países latinoamericanos, pero la aproximación ha sido bastante tímida frente a lo que se pensó inicialmente. Anteayer, precisamente, el ministro de Justicia, ante la Comisión de Estupefacientes, en Viena, sostuvo que simplemente se trata de ajustar los requerimientos de la lucha antidroga a las nuevas realidades mundiales, cualquier cosa que ello signifique. Para ello pidió la creación de una Comisión Asesora de la Comisión de Estupefacientes Internacional, para que algún día se avance en el tema.
Mientras todo lo anterior ocurre, el consumo de drogas ilícitas ha crecido desmesuradamente en Colombia y uno de los más grandes retos de la seguridad ciudadana está en el microtráfico. Cada día niños y adolescentes son apremiados a las salidas de los colegios, en los parques o en las sedes deportivas, para no hablar de discotecas y centros lúdicos, por jíbaros que pretenden involucrarlos en la adicción y la sicodelia desde muy temprana edad. Al entrar en ese circuito es muy difícil que salgan de él y se vuelven clientes permanentes de la ilegalidad que la Corte, con la sentencia de anteayer, pretende volver legal a partir de la liberalización.
Con la devaluación del peso frente al dólar en Colombia, a su vez, el negocio de la droga ha tomado un auge sin par. Eso es evidente por cuanto por cada kilo exportado ahora se recibe una mayor cantidad de pesos. De modo que mientras se habla de proceso de paz con las Farc, escenario que se supone positivo para la erradicación de los cultivos ilícitos, por el otro lado distintos agentes irregulares acrecen el negocio o, así mismo, dentro de la propia guerrilla hay subversivos que se van deslizando hacia ello y que en modo alguno se van a desmovilizar, en vista de la ebullición narcotraficante.
La sentencia de la Corte Suprema da la razón a un soldado que había sido capturado por tener el doble de la dosis mínima en su poder. En primer lugar, desde luego, no es en absoluto recomendable que a quien porta armas se le otorgue el beneficio de la drogadicción diaria. En segundo lugar, por la vía de un caso particular la Corte ha inventado esa nueva política de la liberalización, sin que ello responda a ley alguna o debate abierto en la sociedad colombiana, cuya gran mayoría está en contra de ese tipo de conductas.
Está bien, claro está, que se debatan normas como la que permite el uso terapéutico de la marihuana, con requisitos muy estrictos sobre su uso, fabricación y comercialización. Abrir, en cambio, las compuertas para la liberalización del consumo de drogas es un despropósito en un país que ni siquiera es capaz de mantener una estructura adecuada de salud pública, mucho menos de contingentes de drogadictos aceptados por el Estado como consumidores rutinarios de altas dosis.
No hay, pues, en el país una política antidroga a la cual atenerse. Por eso no solo la Policía no sabe qué hacer, sino que los elementos coercitivos se han desbordado por el populismo jurídico o las declaraciones políticas sin ton ni son.
Despejar la ley, como comienza a ser costumbre en todas las áreas, incluido el proceso de paz, no es aconsejable, porque resulta tanto como vender el sofá y promover la anarquía. La liberalización del consumo de drogas, como acaba de hacerse, es la resignación a que la juventud y los microtraficantes se unan en el círculo diabólico de la evasión alucinógena y la ilegalidad como formulismo estatal.