- No debilitar blindaje del acuerdo con Farc
- Extradición no puede sobre-condicionarse
Las reglas del juego están para cumplirse. Esa, sin duda alguna, es la principal premisa para que la accidentada implementación del acuerdo de paz con las Farc llegue a buen término. Tratar de cambiarlas cuando apenas se transitan las primeras etapas de la aplicación de lo pactado en La Habana es un error craso que atenta contra la propia sostenibilidad y credibilidad de un proceso que, ya de por sí, arrastra un alto grado de incertidumbre y desconfianza por parte de múltiples sectores políticos, económicos, sociales e institucionales en nuestro país.
En ese orden de ideas la afirmación del candidato presidencial Humberto De la Calle en torno a que la justicia colombiana, “por intereses de seguridad nacional”, debe examinar a fondo las pruebas presentadas por Estados Unidos para sustentar la solicitud de extradición del detenido excabecilla desmovilizado alias ‘Jesús Santrich’, antes de proceder a una eventual entrega a los jueces norteamericanos, le hace un flaco a favor al acuerdo de paz del que él fue jefe negociador por más de cuatro años.
Tanto en las extensas tratativas en Cuba como en el trámite de leyes y reformas en el Congreso para desarrollar normativamente el acuerdo, así como en los ejemplarizantes fallos de la Corte Constitucional sobre la justicia transicional y los límites a los beneficios jurídicos a quienes dejaban las armas y se reinsertaban a la vida civil, está más que claro que cualquier reincidencia delictiva a partir del 1 de diciembre de 2016 implicaría que el desmovilizado, sin importar su rango dentro de la extinta organización armada ilegal, saldría automáticamente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pasaría a la justicia ordinaria sin flexibilidad penal alguna y se abría también la posibilidad de ser extraditado sin restricción distinta a la que cobija al resto de sindicados y condenados por delitos comunes.
Como se sabe, el caso Santrich se encuentra en estos momentos bajo análisis bajo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP y se espera que en próximas semanas esté conceptuando si el delito que se le imputa al excabecilla desmovilizado se cometió después del último mes de 2016 o antes. Si comprueba lo primero, entonces, el sindicado perderá todos los beneficios de la justicia transicional y la posibilidad de ser enviado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico tendrá vía libre. Esas son las reglas del juego. Reglas del juego que las Farc, tanto como organización armada ilegal durante el proceso de paz y ahora como partido político dentro de la legalidad, conocieron y aceptaron desde un principio, sin ningún tipo de condicionamiento o excusa. Reglas del juego que los propios negociadores gubernamentales, con De la Calle a la cabeza, una y otra vez recalcaron como la principal garantía de que este proceso de desarme y desmovilización era lo suficientemente serio como para desembocar en la “terminación definitiva del conflicto” y una “paz estable y duradera”. Reglas del juego que la opinión pública y muchos sectores críticos exigieron que quedaran formuladas de manera taxativa, inobjetable e inexcusable tanto en el texto del acuerdo como en las leyes y actos legislativos tramitados al amparo del ‘fast track’ que rigió por doce meses en el trámite parlamentario. Y reglas del juego que tras ser ratificadas y precisadas por los fallos de la Corte Constitucional, haciendo eco a la inamovible postura institucional del Fiscal General de la Nación, llevaron a que distintos sectores nacionales, e incluso varios de los actuales candidatos presidenciales, le otorgaran un aval condicionado al pacto con las Farc.
En ese orden de ideas, plantear la posibilidad de limitar o condicionar la extradición de los reincidentes criminales abre un peligroso boquete para que otras premisas y principios básicos que se incluyeron dentro del acuerdo como blindaje para garantizar que la guerrilla rompería todo nexo con el delito, también puedan ser flexibilizadas o incluso eliminadas. Dar pie a esa clase de situaciones constituiría un ataque directo al corazón del pacto. Una especie de suicidio del mismo.
La propuesta De la Calle fue descalificada por el Gobierno, la mayoría de candidatos presidenciales y múltiples sectores nacionales. Las únicas voces a favor provinieron en su mayoría de la guerrilla desmovilizada, la misma que ha venido advirtiendo que si extraditan a ‘Santrich’ el acuerdo de paz estaría en peligro, desconociendo que si este llegó a incurrir en delitos después de diciembre de 2016 violó las reglas del juego que la comandancia subversiva y la hoy cúpula del nuevo partido político se comprometieron, una y otra vez, a cumplir al pie de la letra.