- Eliminar la circunscripción nacional
- No enfocarse solo en el voto preferente
LO peor que podría hacer el país, en estos momentos, es no adelantar la reforma política estructural que se requiere para purificar el sistema democrático de las corruptelas.
No basta, pues, con modificar el voto preferente como si ello fuera la panacea. Por el contrario, lo que existe institucionalmente es un déficit de representatividad de los diferentes territorios del país en el Congreso de la República y, por ende, muchas voces no son escuchadas al nivel nacional.
En ese sentido se da, por ejemplo, el caso de los llamados “territorios nacionales” donde, si bien fueron convertidos en departamentos, carecen de vocería en el Senado de la República. El asunto es verdaderamente paradójico por cuanto es de esas zonas de dónde proviene la mayor riqueza minero-energética y ambiental, lo mismo que se dan los más graves problemas de narcotráfico, minería criminal y deforestación. No hay, en ese propósito, una política mancomunada para la Amazonía y la Orinoquía dentro de la que el país pueda convertirse en despensa alimentaria del mundo, en el caso de la cuenca del Orinoco, o se desarrollen criterios atinentes a la exploración y explotación de la cuenca del Amazonas, sin desmedrar el medio ambiente y protegiendo las tribus.
De tal modo, más de una decena de departamentos, no sólo los pertenecientes a los territorios antedichos, no tienen representación nacional. Y todo ello por la infausta creación de la circunscripción nacional, para Senado de la República, en la que los aspirantes picotean votos en todas partes del país, sin que ello suponga representación política alguna de esas zonas. De hecho, los senadores así elegidos muchas veces se olvidan de las comunidades sufragantes por ellos en regiones distintas a sus respectivos fortines políticos. Lo que existe, entonces, es una compra y venta de votos que no conducen al mejoramiento de la democracia.
Una reforma política que ataque a la corrupción debe comenzar por abolir la circunscripción nacional y volver por los fueros de las circunscripciones territoriales para el Senado de la República. Esto no solo permitiría un escrutinio directo de las comunidades, sino que haría mucho más fácil la contención del fraude electoral y todos aquellos aspectos corruptos que tienen estupefacta a la opinión pública. De suyo, la circunscripción nacional es una figura que sólo sirve para la representación de las minorías, como el caso de indígenas o afrodescendientes, pero en Colombia se decidió nocivamente adoptarla como mecanismo general y no excepcional.
El resultado es verdaderamente nefasto. No solamente se hirió en materia grave la representatividad democrática, sino que se incrementó el costo de la política a umbrales insospechados, por donde se cuela la piratería electoral. Por demás, son muy pocos los senadores verdaderamente nacionales, puesto que siguen siendo regionales con unos excedentes de votos por todo el país, sin que ello suponga una vocería nacional cierta.
El voto preferente, por su parte, es un mecanismo por medio del cual los partidos políticos pueden organizarse internamente a partir del resultado electoral. De alguna manera, en esa misma votación, cuando el elector usa el voto preferente para seleccionar a su representante, lo hace con la doble intención de verlo en el hemiciclo parlamentario y, así mismo, de que tenga preminencia dentro de la colectividad por la cual vota. Se trata pues, al mismo tiempo de la justa electoral para Congreso, de una especie de consulta popular al interior del propio partido. No quiere decir ello, por supuesto, que no se pongan todo tipo de controles a la financiación del voto preferente. Pero devolverse de aquel es retornar a la democracia arcaica del “bolígrafo” y el contubernio dentro de los movimientos y las colectividades. De hecho, cuando el Partido Conservador adoptó la consulta popular previa para organizar sus listas al Congreso, el costo económico fue superior al del propio evento el día de las elecciones.
De la misma manera, se requiere un organismo pertinente que actúe en tiempo real contra el fraude, el trasfuguismo y la compraventa de votos. La Fiscalía, no obstante, acaba de demostrar con la judicialización del caso de Aida Merlano que es posible actuar sin dilaciones al respecto.
Está claro, por su parte, que la mejor reforma es proscribir la contumelia entre el Ejecutivo y el Legislativo en el trámite de los proyectos de ley. El gobierno de Duque viene actuando atinadamente en esa dirección. El esfuerzo debe continuarse con una reforma política estructural y no solo con el paño de agua tibia que supone abolir exclusivamente el voto preferente.