*Un Estado conservador, menos garoso

*¿Hasta dónde llegará la cuerda del Gobierno?

 

Como se sabe, el monopolio de lo conservador en Colombia no pertenece en la actualidad a insignia alguna. Hoy más que nunca, como decía Álvaro Gómez, existe más conservatismo que partido y, por el contrario, las ideas emblemáticas de la colectividad están cubiertas en varias de las vertientes en que podría dividirse la centro-derecha colombiana. Basta, desde luego, con mirar el horizonte y observar el fenómeno en el que, si bien disperso en múltiples enseñas, el conservatismo mantiene la cauda suficiente para aspirar a la primera magistratura. Cómo se resuelva el pleito de las preminencias y a quién toque enarbolar las banderas es otra cosa. Pero la necesidad de lo conservador es tal vez la circunstancia más latente de la política nacional o a lo menos así parecería derivarse no sólo de las encuestas, sino de los requerimientos más apremiantes del país.  

 

En principio, claro está, nos referimos a las incidencias económicas. Pocas veces, como en las actuales, se hace patente la necesidad de disminuir el gasto del Estado, de acoplarlo a los recursos existentes y de modificar la marcha administrativa que permita verdaderamente la aplicación de las políticas públicas frente al engorro de la tramitología y el excesivo peso estatal. Para ello, a no dudarlo, el fortalecimiento de la iniciativa privada resulta indispensable y está demostrado, en las cuestiones de la vivienda y de la infraestructura, que la alianza con los particulares ha sido una ruta positiva. 

 

Por igual, el reciclaje de la inversión pública, por ejemplo en el caso de la reciente venta de las acciones en Isagén, con el fin de mejorar el músculo financiero y las necesidades de las obras nacionales, y pese a la negativa de quienes ven al Estado como un ente sacrosanto e intangible, es un sendero plausible que le asegurará a la Nación réditos de mayor envergadura, mejoras en la productividad y la puesta a tono con la modernidad. El conservatismo, pues, como un ideario patrimonial de todos los colombianos, sigue pensando en los beneficios de un Estado pequeño, concentrado en las funciones de seguridad y justicia, mientras que puede delegar o recurrir a alianzas para el estricto cumplimiento de otros menesteres.        

 

Por estos días, asimismo, el Gobierno deberá sacar a la luz pública el documento de discusión sobre el tema tributario. Anunciada desde enero una reforma, con el objeto de sufragar el déficit fiscal por cuenta de la caída de los precios del petróleo, está más que demostrado que a mayores tasas tributarias menores los niveles de inversión y, por lo tanto, más bajas las posibilidades de crear empleo. El Gobierno ha hecho varios anuncios de recorte en el gasto, pero sin duda alguna si adopta ciertas de las recomendaciones de los expertos, en especial aquellas que carguen más a los ciudadanos con nuevas imposiciones, la situación tenderá a complicarse. El margen político para la reforma tributaria de los expertos es prácticamente inexistente, cosa que no es secreta, sino una evidencia de bulto en todos los sondeos.  

 

De otra parte, no está claro aún públicamente cuál ha sido el motivo para que las conversaciones de La Habana hayan llegado a un grave punto de desencuentro, según lo dijo el negociador principal del Gobierno en medio de la Semana Santa. En todo caso, la paz conservadora es aquella que, a partir de la solución política negociada, se configura dentro de las instituciones y el orden vigente. Puede llevar ello a los múltiples mecanismos contemplados en la Constitución, pero por fuera de ella cualquier solución resultaría aún más controvertida de lo que ya es, en particular por los acuerdos de justicia transicional que incluso han determinado agentes internacionales no considerados dentro de la legalidad colombiana.

 

El conservatismo siempre ha tenido como razón de Estado la bienaventuranza del pueblo sobre los conceptos del orden, la institucionalidad y el desarrollo de la iniciativa privada. Comprensibles son las necesidades fiscales que tiene el Gobierno. Pero igualmente necesario deberá ser sopesar cuánto da la cuerda frente a la nueva reforma tributaria, porque en ello va mucho del exiguo capital político que aún le queda al Gobierno.