Al decir de los más entendidos en el proceder de la Organización Deportiva Panamericana, salvo un milagro, la posibilidad de que Colombia recupere la sede de los Juegos Panamericanos 2027 es muy lejana. De hecho, ya seis ciudades de cinco países se postularon para albergar esas justas, que están consideradas como las segundas en importancia en el ciclo olímpico

Dos elementos han quedado claros en los últimos días en esta controversia. Por un lado, que un insólito y grave error en el Ministerio del Deporte llevó a que no se provisionaran a tiempo los dineros para el cumplimiento del compromiso de pago de ocho millones de dólares a la citada organización, pese a que en repetidas ocasiones durante el año pasado había advertido de la moratoria y las consecuencias que podría acarrear no cancelar los recursos en los plazos límites establecidos. Alertas que fueron acompañadas de sendos campanazos de la gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, así como del Comité Olímpico Colombiano.

Por otra parte, es evidente que las explicaciones que ha dado hasta el momento el Ejecutivo son muy confusas. Inicialmente negó que se le hubiera informado del tema en el empalme con el saliente gobierno Duque a mediados de 2022, versión que terminó siendo desmentida con pruebas documentales a la mano.

Luego surgieron distintas y contradictorias versiones por parte de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, y su sucesora, Astrid Bibiana Rodríguez, en torno a si se había tramitado ante la cartera de Ministerio de Hacienda el respectivo rubro presupuestal para la vigencia 2023.

Después de que los entes de control pusieron la lupa sobre el tema, la cartera de finanzas terminó por precisar que nunca se pidieron los recursos específicos para el evento. Incluso, desde instancias gubernamentales se aclaró que, si se hubiera advertido a tiempo del error, habría sido fácilmente subsanable a finales del 2023 para cancelar a tiempo a la Organización Deportiva Panamericana y asegurar la sede de unas justas deportivas que el país no alberga desde 1971.

Visto todo lo anterior, es entendible que la Procuraduría General ordenara la apertura de investigación disciplinaria contra la ministra Rodríguez Cortés por una presunta omisión de funciones en este caso.

Es imperativo que las pesquisas del ente de control disciplinario y también de la Contraloría avancen para establecer las responsabilidades directas en el yerro insólito que llevó a la pérdida de la sede, un caso de alto impacto internacional y vergonzante para el país.