- Tercera evaluación sectorial
- Justificar inversión prioritaria
La mejora de la calidad de los docentes en Colombia es uno de los temas de mayor recurrencia cada vez que se evalúa por qué a los estudiantes de nuestro país no les va mejor en las pruebas internacionales estandarizadas que miden las destrezas de los alumnos de secundaria en materias como matemáticas, ciencias naturales o comprensión de lectura.
Sin embargo, los programas de mejoramiento del recurso humano docente siempre han terminado en el rifirrafe desgastante entre los gobiernos de turno y el sindicato de maestros. No en pocas ocasiones las evaluaciones de los profesores y las consecuencias de sus calificaciones en materia laboral y de escalafón han sido motivo de paros de los maestros del sector público. Mientras que desde las esferas oficiales se insiste en que muchos docentes no están actualizados en materia pedagógica, de nuevos conocimientos e incluso de uso de la tecnología como herramienta educativa, desde los gremios del profesorado se replica que la falta de mayor capacitación se debe a los bajos sueldos y la sobrecarga laboral que soportan muchos docentes, lo que les impide tener el presupuesto y tiempo suficientes para mantener un ciclo dinámico de educación avanzada en todos los aspectos.
Si algo le ha quedado claro a Colombia en su ingreso a la OCDE, que reúne a varios países que tienen los más altos estándares de calidad educativa en el mundo, es que no solo basta aumentar las tasas de cobertura de la instrucción primaria, secundaria, técnica, tecnológica y universitaria, sino que, además, se requiere un incremento sustancial desde el punto de vista cualitativo. Es decir que la calidad de la enseñanza mejore de forma permanente, generando alumnos mejor preparados, con enfoque creativo, criterio crítico y propositivo, perfil innovador e investigador, de forma tal que en su desempeño académico y laboral sean motores de valor agregado, nuevos conocimientos y progreso.
Precisamente en esa dirección es que debe procurarse la máxima asistencia posible en la tercera convocatoria para los educadores que estén interesados en participar en la “Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa”. Se trata, en términos generales, “de un proceso de reflexión e indagación, orientado a identificar las condiciones, los aciertos y las necesidades en que se realiza el trabajo de los docentes, directivos docentes, directivos sindicales, docentes tutores y orientadores, con el objeto de incidir positivamente en la transformación de su práctica educativa pedagógica, directiva y/o sindical; su mejoramiento continuo; sus condiciones y favorecer los avances en los procesos pedagógicos y educativos en el establecimiento educativo”. Se privilegia el enfoque cualitativo, centrado en la valoración la labor del educador en el aula o en los diferentes escenarios en los se ponga en evidencia su capacidad de interactuar con los actores de la comunidad educativa, en el marco del Proyecto Educativo Institucional.
Solo en la medida en que esta clase de estudios se realicen y proyecten correctivos y soluciones a implementar a corto, mediano y largo plazos, la calidad de la enseñanza en el país experimentará un proceso estructural y permanente de mejoría. No se trata únicamente de que el rendimiento de los alumnos colombianos en las pruebas educativas internacionales mejore sustancialmente, sino de aprovechar de forma más eficaz el talento que desbordan los colombianos.
La educación es hoy por hoy una de las principales políticas públicas en Colombia, a tal punto que es el rubro con más recursos dentro de los presupuestos generales de la Nación desde hace varios años. Incluso para 2019 la asignación está por encima de los 40 billones de pesos, con algunos montos importantes adicionales fruto del reciente acuerdo entre la Casa de Nariño y los líderes de la protesta de los estudiantes de universidades públicas. Semejante inversión debe verse reflejada en un aumento progresivo y tangible de los estándares cuantitativos y cualitativos de la enseñanza a todo nivel, ya se trate de instituciones privadas u oficiales. De lo contrario no tendría sentido semejante esfuerzo económico con el dinero del erario, que es de todos los colombianos.