*¿Declarar el estado de cosas inconstitucional?

*Niños continúan muriendo por desnutrición

 

La crisis en todos los órdenes en La Guajira parece de nunca acabar. En los últimos días se han denunciado nuevas muertes de menores de edad por cuadros de desnutrición  crónica. De igual manera, la administración departamental permanece en el limbo luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de la mandataria Oneida Pinto, en tanto que una sombra de sospecha empieza a extenderse sobre la naciente campaña electoral para su sucesión. Por igual se han producido más denuncias sobre corrupción en contratos de alimentación escolar, en tanto que otros ex funcionarios investigados, e incluso ya condenados, fueron capturados o se entregaron a las autoridades para responder por graves delitos. Los entes de control siguen con la lupa puesta en el manejo de recursos presupuestales ordinarios y de regalías en la mayoría de los municipios de los departamentos. Las esperanzas de una reapertura de la frontera con Venezuela ya son mínimas, en tanto a diario decenas de colombianos que vivían en ese país retornan a territorio guajiro huyendo del hambre, la quiebra económica y la escasez de los víveres y medicamentos más básicos, generando así una presión adicional sobre la ya marcada tragedia humanitaria en este departamento. Las críticas a la poca aplicación de los planes de choque anunciados por el Gobierno nacional para hacer frente a las problemáticas en materia de salud, alimentación, alcantarillado y saneamiento básico, educación, vías, inversión social y focalización de subsidios de toda índole, crecen día tras día. Tampoco han faltado las polémicas en torno a que hay una politización de muchos de los resguardos indígenas del departamento y que ello impide que la acción del Estado, en su conjunto, pueda tener la aplicación y efectividad requeridas para paliar problemáticas coyunturales y estructurales.

 

Frente a ese panorama, la Procuraduría General volvió a insistir esta semana en que la crisis humanitaria en La Guajira es de tal gravedad que bien se podría pensar en declarar un “estado de cosas inconstitucional”. Esta es una figura desarrollada jurisprudencialmente por la Corte Constitucional en desarrollo del mandato del artículo 241 de la Carta y se aplica, según la Sentencia T-025 de 2004, cuando la reiteración de los fallos judiciales pone de presente que hay vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas. Vulneración que implica varios fenómenos como la omisión o incapacidad estatal para frenarla, la no existencia de políticas interinstitucionales efectivas para afrontar la crisis estructural, la tutelitis alrededor de la problemática y la sobrecarga procesal que esta genera sobre la Rama Judicial, entre otras razones. Por ejemplo, se aplicó esta figura a la grave problemática del desplazamiento forzado en Colombia y la incapacidad estatal para hacerle frente a sus causas y consecuencias. En virtud de ello, a cada tanto el Gobierno y todas las entidades que tienen que ver con la lucha contra este fenómeno deben rendir ante el alto tribunal un informe sobre cómo avanzan las medidas, precisamente, para superar ese “estado de cosas inconstitucional”.

 

¿Serviría acudir a esta figura para enfrentar la crisis en La Guajira? A primera vista podría concluirse que sí, ya que la vulneración permanente de los derechos fundamentales de los habitantes allí, sobre todo de la población más vulnerable, es palpable. El solo hecho de que en un país que se considera una potencia económica emergente y que destaca ante el mundo la forma en que ha reducido sus índices de pobreza e indigencia, haya decenas de niños que se han muerto, literalmente, de hambre, es una prueba fehaciente de la necesidad de una medida excepcional. Más aún porque no se trata de una situación coyuntural, sino porque esta vergüenza nacional se ha denunciado desde hace tiempo y pese a las múltiples acciones adoptadas a nivel nacional, departamental y local se continúa presentando, al punto incluso que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares al respecto. Es claro que en ese Departamento se han aplicado toda clase de medidas para evitar que la crisis humanitaria, política, social, económica e institucional continúe, pero la efectividad de los planes de choque ha sido insuficiente.

En ese orden de ideas, acudir al “estado de cosas inconstitucional” quizá genera dudas en algunos sectores sobre su grado de eficacia, pero lo cierto es que es un riesgo que vale la pena correr ante un Estado que, impotente pese a todo lo anunciado y aplicado, ve cómo continúan muriéndose los niños de hambre y la tragedia humanitaria se profundiza.