* 950 municipios en riesgo y la lista crece…  

* “Sequía presupuestal” de cuerpos de bomberos

La proliferación de incendios forestales tiene en nivel de riesgo a no menos de 952 municipios, de ellos casi 600 ya en alerta roja. La cantidad de poblaciones en emergencia crece día tras día, a tal punto que gobernadores y alcaldes urgen al Gobierno nacional declarar un estado de emergencia económica, social y ambiental. De hecho, ya algunos mandatarios territoriales acudieron a la figura de la “calamidad pública” para facilitar destinación urgente de recursos, contratación de equipos, personal y maquinaria para frenar las llamas y asistir a los damnificados.

En los últimos días las conflagraciones han sido más preocupantes no solo por la forma en que se multiplican, con especial impacto en Cundinamarca, Boyacá y Santander, sino porque se están presentando cerca o en los mismos centros poblados, como era el caso ayer del área metropolitana de Bucaramanga y Bogotá.

Los reportes de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres dan cuenta de más de 400 incendios desde comienzos de noviembre, cuando se declaró de manera oficial la presencia del fenómeno climático de El Niño, que así como tiene en alerta general a centenares de municipios por incendios, sobre todo en el norte y centro del país, también genera emergencias invernales en otras regiones, como el Pacífico.

Si a ello se le suma que en algunos casos se sospecha que los incendios han sido provocados por manos criminales que quieren destruir zonas boscosas para dar paso a procesos de urbanización, extensión de la frontera agrícola o actividades de narcocultivos, minería criminal o tala de árboles, se entiende por qué la situación es de extrema gravedad.

De hecho, los pronósticos meteorológicos -tanto del orden local como internacional- señalan que la fase crítica del Niño comenzará, para el caso de Colombia, en febrero, lo que significa que el riesgo de más conflagraciones aumentará en las próximas semanas y se podría extender, como mínimo, hasta abril. A ello habría que sumar los casos de desabastecimiento de agua y estrés hídrico que asoman en varias regiones.

Aunque el Gobierno insiste en que la emergencia se está atendiendo de manera eficiente, se expedirá un decreto de “desastre natural”, funciona un “comité de crisis” y se han destinado más de 700 mil millones de pesos para hacer frente a contingencias derivadas del fenómeno del Niño, en no pocos departamentos y municipios se multiplican las quejas de las autoridades y la ciudadanía, señalando que el plan de reacción nacional es muy lento e insuficiente. Ayer, por ejemplo, se denunció que el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial, especializado en apagar conflagraciones, no se puede utilizar por falta de mantenimiento. El Ejecutivo, a su turno, advierte que en realidad los municipios en su mayoría son incapaces de hacer planes de ordenamiento adecuados y generar sus propias estrategias de mitigación del riesgo climático…

La capacidad de los cuerpos de bomberos es limitada en Colombia. La mayoría son organizaciones de voluntarios, que no cuentan con vehículos y equipamiento modernos. Además, muchos mandatarios de pequeñas localidades ni siquiera tienen este tipo de personal y dependen de la asistencia de municipios o ciudades vecinas, algunas muy lejanas.  

La Procuraduría General también terció en esta discusión. De un lado, advirtió esta semana sobre la “sequía presupuestal” que enfrentan los cuerpos de bomberos en varias zonas del país, siendo más crítica en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Por lo mismo, no solo urgió al Ministerio del Interior movilizar recursos del Fondo Nacional de Bomberos para suplir esta deficiencia, sino que solicitó un informe sobre lo realizado en la materia en el actual gobierno.

El campanazo del Ministerio Público también alertó sobre presuntos problemas de articulación interinstitucional en la atención oportuna y eficaz de los incendios forestales. Llamó la atención en torno a que el duro impacto del Niño había sido advertido con suficiente antelación desde el año pasado, sobre todo a los ministerios de Ambiente, Defensa, Minas y Energía, así como al sistema de atención y prevención de emergencias.

A la par de lo anterior, varias organizaciones animalistas han alertado que no se activaron planes de contingencia para disminuir la afectación de la fauna y flora en muchas zonas de alto riesgo de conflagraciones.

En medio de todo ello, la amenaza de las llamas crece a nivel nacional. Es imperativo que el Gobierno redoble su plan de choque y la coordinación con gobernaciones y alcaldías. Urge movilizar recursos, personal y equipos. No es momento de polémicas ni cruces de responsabilidades, sino de actuar de manera rápida y eficiente. El país enfrenta una crisis sin precedentes, hay muchas vidas, bienes y entorno natural en riesgo.