- Una crisis estructural sobrediagnosticada
- Del caso Medimás a un modelo desbordado
Si bien es cierto que la crisis estructural del sistema de salud en Colombia está sobrediagnosticada, no por ello los últimos gobiernos han podido encontrarle una solución efectiva que garantice un modelo de atención médica preventiva y contingente de buena calidad, sostenible financieramente, con altos estándares de transparencia y funcionalidad en el manejo de los recursos y, sobre todo, que garantice a todos los colombianos el goce pleno de la salud como el derecho fundamental que es.
Como lo hemos reiterado en estas páginas, todos los gobiernos de las últimas dos décadas aplicaron reformas de alto calado al modelo de aseguramiento. La mayoría de esas modificaciones se presentaron en su momento como de fondo e incluso definitivas para solventar varias de las falencias. Sin embargo, la dimensión de la crisis no se ha podido contener. Todo lo contrario, la red pública y privada de clínicas y hospitales amenaza con quebrar porque las Empresas Promotoras de Salud (EPS) les adeudan alrededor de ocho billones de pesos. Estas últimas instituciones también arrastran un cuantioso déficit, culpando de ello a las demoras en los giros del Fosyga, que es el fondo-cuenta que centraliza todos los recursos del sistema. Sin embargo, este debe analizar detenidamente las relaciones de cobro que le llegan para certificar su veracidad y justeza. Pero como en Colombia existe una gran cantidad de informalidad laboral, que se traduce en personas que no cotizan al sistema pero sí demandan el servicio de salud, el presupuesto que maneja dicho fondo se torna insuficiente y acumula una millonaria deuda pendiente por parte de instancias del orden nacional, gobernaciones y alcaldías, más aún en medio del desequilibrio fiscal que arrastran por la duplicidad de los sistemas contributivo y subsidiado, que aportan distinto pero tienen un plan de servicios similar. A todo lo anterior hay que sumar que por cuenta de la “tutelitis” y de una jurisprudencia cada vez más garantista en materia de reconocimiento de derechos a tratamientos, medicamentos, terapias y otros aspectos no prioritarios, el déficit financiero es cada vez más alto… La consecuencia de todo ese escenario crítico y dramático es una sola: el deficiente -e incluso pésimo- servicio que se presta a millones de colombianos que, literalmente, “sufren” el sistema de salud.
Es en ese marco debe analizarse lo que acaba de suceder con la decisión de reversar la venta de Cafesalud al consorcio Prestasalud y de los contratos de arrendamiento de las clínicas a través de las cuales Esimed opera como red Medimás EPS. Aunque el fondo del pleito es un confuso escenario contractual, accionario y empresarial, en el que ayer se anunciaron demandas por distintos flancos, lo evidente es que todo ello tuvo su origen en las deficiencias que la nueva entidad, que heredó más de cuatro millones de afiliados de la intervenida Saludcoop, tuvo para prestarles a todos ellos un servicio oportuno y de calidad. Desde hacía varios meses las autoridades venían advirtiendo que el nuevo operador fue desbordado estructural, logística y financieramente, razón por la cual esta última decisión contra Medimás no sorprendió a nadie e incluso para muchos de sus desesperados usuarios resultó tardía.
¿Qué hacer? Recién posesionado el hoy Ministro de Salud, tasó el déficit del sistema en más de 10 billones de pesos. Anunció un plan de choque que implica varios frentes, que van desde un salvavidas presupuestal urgente, pasando por una reingeniería del sistema de aseguramiento, para terminar con una reforma que lleve a introducir un indicador de calidad en el servicio, todo ello bajo la óptica de que lo más importante es prestar una atención oportuna y eficaz en salud a todos los colombianos.
Sin embargo, para algunos expertos esa estrategia puede resultar válida a corto plazo pero no es la solución definitiva ni permanente a la crisis estructural del sistema. Incluso en el Congreso ya cursan sendos proyectos de ley que plantean correctivos de fondo al modelo de aseguramiento o hasta la reformulación total del mismo. Entes internacionales como la OCDE, la Cepal y otras instancias sostienen que cualquier reforma debe partir no solo de un modelo de financiamiento sostenible, que incluso imponga bajo un criterio realista algunas restricciones en el servicio y la cobertura, sino también de la urgente necesidad de aumentar la formalidad laboral que lleve a que crezcan sustancialmente todos los aportes de la masa trabajadora en materia de seguridad social.
Como se dijo, se trata de una problemática sobrediagnosticada, pero no por ello la solución es fácil o, por lo menos, está totalmente identificada. Sin embargo, esta bomba de tiempo obliga a tomar medidas más radicales y estructurales. De lo contrario, en el corto plazo el sistema total podría hacer implosión.