- Descentralización, un debate gaseoso
- Las prioridades del nuevo Gobierno
Si algo ha quedado claro en los últimos años, no sólo en Colombia sino en otras latitudes, respecto a si los modelos de Estado funcionan mejor con esquemas avanzados de centralización o de descentralización administrativa entre las esferas del gobierno nacional y las regiones, es que ese ya es un debate un poco desueto. Por el contrario, lo que se ha demostrado es que hay políticas públicas cuya eficacia es mayor cuando se ejecutan de forma vertical, con una coordinación de índole general que hace control de proceso sobre la implementación seccional y local. Y, de otro lado, hay acciones gubernativas que sí requieren un manejo departamental o municipal debido a que deben adecuarse a particularidades regionales para lograr una mayor eficacia. No hay, pues, un sistema infalible que excluya al otro.
Esa realidad administrativa e institucional es la que debe tenerse en cuenta a la hora de definir el marco de interacción entre el Gobierno nacional y los gobernadores y alcaldes en Colombia. Resulta por demás evidente que centrar el diseño de esa hoja de ruta en la desgastada discusión sobre el mayor o menor grado de descentralización que existe en nuestro país, no es lo que más conviene en esta coyuntura. De un lado, porque el nuevo Ejecutivo se posesionará el 7 de agosto, cuando a los mandatarios departamentales y municipales actuales sólo les quedarán escasos 17 meses de mandato. Esta circunstancia obliga a dejar de lado los debates gaseosos y teóricos y centrarse en lo práctico. Y, de otra parte, porque si los gobernadores y alcaldes quieren tener un mayor margen de acción ante la nueva administración, la mejor oportunidad para ello es poder introducir sus respectivas agendas y prioridades dentro del Plan Nacional de Desarrollo que el entrante gobierno debe presentar al Congreso para ser aprobado antes de diciembre.
El presidente electo Iván Duque se ha reunido en los últimos días con las federaciones de municipios y departamentos, con cuyos voceros ha analizado de forma puntual cuáles son las principales problemáticas en sus respectivas jurisdicciones y cómo se podrían enfrentar a corto, mediano y largo plazos. La lista de pendientes y exigencias es, sin duda, muy compleja: alto índices de inseguridad urbana, auge del narcotráfico, minería ilegal y otros delitos de alto impacto; déficit presupuestal regional y local; demora en la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que define los porcentajes de giro de recursos del gobierno nacional central a las regiones; cuellos de botella en la inversión y ejecución de los dineros de las regalías; crisis en la red hospitalaria pública departamental y municipal; incertidumbre por el aumento de las consultas populares que se oponen a las explotaciones mineras y petroleras; deficiencia de cupos en las cárceles; el flagelo de la corrupción y la ineficiencia en los programas de alimentación escolar; desfinanciamiento de los fondos de pensión territorial; una lenta y accidentada implementación de la política del posconflicto; los picos de desorden público por la actuación del Eln, las disidencias de las Farc y las bandas criminales; la zona gris que rodea la escogencia de los contralores; choques de competencia entre las obras de infraestructura y la normatividad ambiental…
En fin, es una agenda muy amplia, con crisis de orden coyuntural y estructural que, incluso, exigen una priorización para hacerle frente a las más urgentes y graves. Ya el Presidente electo les notificó a los mandatarios seccionales y locales que uno de los énfasis de su gestión será la comunicación directa del Gobierno nacional con las regiones, por intermedio de la Alta Consejería, los ministros y el propio Jefe de Estado que semanalmente irá a los distintos departamentos para revisar sus crisis in situ y tomar acciones al respecto.
Como se ve, sentar las bases de las sinergias e interacción entre la Casa de Nariño, los gobernadores y los alcaldes resulta urgente. Lo que procede es unificar criterios en cada una de esas instancias y empezar a construir una agenda concreta y, sobre todo, realizable. Diecisiete meses -lo que resta para el relevo de ejecutivos regionales y locales- puede ser un lapso corto para dicha meta, pero se puede avanzar sustancialmente si se trabaja con celeridad y pragmatismo, dejando de lado quisquillosidades de orden político y partidista. Lo importante es arrancar ya a construir la agenda, aplazando debates desgastantes que no llevan a ninguna parte.