*La moción de censura, inane.
*Tranquilidad del ministro de Hacienda
La moción de censura tal vez sea uno de los instrumentos más inanes de la Constitución de 1991. Porque se pretende el control político del Congreso, que era hace unas décadas su ejercicio natural, por la vía de los formalismos, de los incisos y sobre todo de la amenaza. Con ello, claro está, se busca la atención de los reflectores y satisfacer la idea de que como se tiene el poder de censurar a un ministro, para tumbarlo, eso le da una prevalencia inusitada al congresista. De tal manera sería el Parlamento, como en el Reino Unido, el que tiene la última palabra y el que supuestamente goza de preponderancia superlativa dentro de las ramas del poder público.
Semejante visión de las cosas no hace más, por el contrario, que reducir el ejercicio de la función parlamentaria. Porque pareciera nacer de un complejo de inferioridad que busca camuflarse con el repentino crujir de dientes que significa andar menesterosamente con un papel por el Congreso para conseguir el número de firmas correspondiente para poner en marcha el intrincado funcionamiento de la moción. Una vez logradas las rúbricas (en el Congreso no se le niega la firma a nadie) y puesto en la mira el ministro se busca, entonces y de inmediato, llevar el caso a los medios de comunicación a fin de que se certifique que sí, que el Congreso es el organismo supremo y los congresistas son los mandamases. No importa que el funcionario sea simplemente el vocero de las políticas del Presidente de la República. A lo que obviamente obliga la Constitución, puesto que no son ellos ruedas sueltas en la formación del Gobierno. De hecho, se deben única y exclusivamente a los dictámenes del primer mandatario y no pueden, por ahí, andar emitiendo leyes, firmando decretos o poniendo en movimiento políticas públicas a espaldas presidenciales. Sería el más grande prevaricato de la historia. De modo que toda moción de censura está enfilada, necesariamente y a fin de cuentas, contra el Jefe de Estado.
Uno de los mejores atributos del Congreso colombiano, hace ya muchas décadas, era precisamente el del control político. Aunque siempre, por descontado, su facultad principalísima estaba (y está) en hacer las leyes, era en el hemiciclo donde se reunía la autoridad, la idoneidad y la oratoria suficientes para reclamar de los funcionarios públicos responsabilidad y acierto en sus procederes. Pero no necesitó, nunca, Laureano Gómez, por ejemplo, de la moción de censura para llevar a cabo los debates contra el presidente Marco Fidel Suárez, que lo tumbaron, ni mucho menos recurrir a ningún formalismo parlamentario para sacar en estampida a los ministros. Lo hacía, por lo demás, con una oratoria pausada y contundente, hasta el apogeo, muy lejana desde luego a la elocuencia chillona que hoy es de común uso en el recinto.
De manera que el vigor parlamentario no reside, en lo absoluto, en la moción de censura o en mecanismos similares, completamente extraños al devenir colombiano. Es aquella, precisamente, una importación a medias de los sistemas parlamentarios anglosajones, donde lo que prima es el voto de confianza o desconfianza. Y cuando ocurre lo segundo se cae todo el Gobierno, incluido el Primer Ministro, y se llama a nuevas elecciones. Inclusive, como cosa normal y corriente.
Aquí, en cambio, la moción de censura es un rezago utilizado, por algunos, para situarse mejor frente al Gobierno y presionar cuotas burocráticas o, por otros, para mostrarse de opositores eficaces. Pero en modo alguno tiene aquel talante del Congreso colombiano cuando hacía verdadero control político sin pasar por esos cedazos extranjerizantes. Ni tampoco tiene un ápice, por ejemplo, de las mociones inglesas.
El Congreso, en todo caso, anda ahora embebido en el tema de la moción de censura al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por la venta de las acciones de Isagén. Todo ello, como se sabe, fruto de una política pública, dictada por el mismo Presidente, Juan Manuel Santos, con el objeto de entregar esos recursos para la puesta a tono de la negligentemente atrasada infraestructura nacional. Tanto diversos Conpes como el mismo gabinete en su conjunto proporcionaron la autorización para ello. Y el Consejo de Estado hizo lo propio, así en consultas al organismo, como en pronunciamientos judiciales. Lo mismo que la acción está cobijada taxativamente en el principio de legalidad, aun en el caso de presentarse la oferta de un solo proponente, como en efecto consta en los artículos de ley.
Pero de lo que se trata, por supuesto, no es de eso. Se trata, por el contrario, de sacar a pasear el ogro de la moción de censura. Y cuando no sirva ni para mostrar los dientes volverá a la placidez de su jaula. Como es tradicional desde hace 25 años.