* Una reforma de fondo al Estado
*Erradicar los pulsos funcionales
La reforma a la estructura del Estado que se aplicó en las últimas semanas no tiene precedente. Con base en la ley que dio al Presidente de la República facultades especiales para liquidar, suprimir, crear o modificar entidades del orden nacional, la Casa de Nariño expidió en menos de dos meses un paquete de decretos que no sólo concretaron la resurrección de los ministerios de Justicia, Ambiente, Salud y Trabajo, sino que dejaron como carteras autónomas a las del Interior y de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Sin embargo, el ajuste no paró ahí. Todo lo contrario, cobijó alrededor de sesenta entidades pero la importancia de la noticia quedó eclipsada por la muerte en combate del máximo jefe de las Farc y sus implicaciones.
A manera de sumario baste con decir que con base en esas facultades se procedió a la liquidación del cuestionado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la no menos polémica Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). El primero será reemplazado por la Dirección Nacional de Inteligencia, que se concentrará estrictamente en asuntos de seguridad nacional, mientras que otras funciones de su antecesor pasaron a la Policía (Interpol), la Cancillería (migración) y protección de personajes (Mininterior), entre otras.
Al mismo tiempo se procedió a crear departamentos administrativos como los de Prosperidad Social, Coldeportes y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Igual se dio vía libre a las unidades de Consolidación Territorial, Víctimas y Centro de Memoria Histórica así como la reconversión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Familias en Acción y Fondo de Inversiones para la Paz.
En cuanto a las nuevas agencias, por vía de esta reforma se crearon las de Minería, Infraestructura, Licencias Ambientales, Parques Nacionales, Defensa Jurídica del Estado, Servicios Penitenciarios, Reintegración y la de Cooperación Internacional. Igualmente empezarán a funcionar otras unidades como la de Gestión de Riesgos de Desastres, Colombia Compra Eficiente, Regulación Financiera, Metrología, Planificación y Adecuación de Tierras y la de Acuicultura y Pesca.
Por último se creó el cargo de Inspector de la DIAN, la Financiera de Desarrollo Nacional, Coljuegos (que reemplaza a Etesa) y se ajustó el Grupo Empresarial de Defensa así como el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Como se ve, la reforma a la estructura administrativa del Estado no fue menor. Todo lo contrario, desde que entró en vigencia la Constitución del 91 no se veía un ajuste de tal magnitud. También es claro que parte de éste responde a la necesidad de adecuar el aparato institucional a las nuevas leyes como las de Reparación a víctimas, erradicar focos de corrupción y escándalos funcionales (caso DAS y DNE) o elevar de estatus funciones o tareas cada vez más importantes como la política deportiva. Sin embargo, la apuesta más importante es sin duda el revolcón que se aplicó a todo el andamiaje de entidades relacionadas con la lucha contra la pobreza y las deficiencias en la calidad de vida de los habitantes en mayor grado de vulnerabilidad. Se encierra allí el cumplimiento del mandato constitucional de un Estado Social de Derecho.
El propio Gobierno afirma que las bases de todo este ajuste son la necesidad de fortalecer las instituciones para aumentar su eficiencia, la inclusión social y la reconciliación, la competitividad, la infraestructura y el respeto integral a los derechos humanos. Para que cada uno de esos principios rectores se vuelva una realidad debe garantizarse que el ajuste se haga de manera ordenada, objetiva y gradual, sin atropellos laborales ni pulsos de jurisdicción o ámbito funcional. Es posible que por el camino se requieran correctivos y retoques. La clave está en hacerlos rápidamente para que no se creen vacíos institucionales. Lo claro es que la ciudadanía exige cada vez más un Estado fuerte, de fácil acceso, eficaz y, sobre todo, que responda a las necesidades más sentidas de sus gobernados. He allí el gran reto de esta reforma.