* Destrabar elección de magistrados
* Proteger majestad del alto tribunal
El próximo jueves la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia está citada, de nuevo, para analizar salidas al inminente bloqueo institucional al que podría verse sometida a finales de este mes, cuando de las 23 plazas para magistrados solo 16 de ellas estén ocupadas por juristas titulares.
Pese a los llamados desde múltiples sectores para que el alto tribunal proceda a la elección de los remplazos de seis magistrados que dejaron sus curules desde al año pasado, ha sido imposible que los 17 magistrados en propiedad puedan ponerse de acuerdo para escoger a tres titulares para la Sala Laboral, dos más de la Civil y uno restante para la Penal. A ello se suma que a finales de este mes se generará una nueva vacante, pues se le cumple el periodo al magistrado Leonidas Bustos.
Si termina el mes sin que se haya procedido a la elección de los juristas, entonces la Corte entraría en una especie de auto-bloqueo, ya que sólo quedaría con 16 magistrados en propiedad, y el reglamento interno exige que para todo acto de elección se requiere el voto positivo de una mayoría calificada, es decir de 16 juristas, claro está bajo el supuesto de que están cubiertos o actuantes la mayoría de los 23 escaños del alto tribunal.
En otras palabras, si en las próximas tres semanas no se selecciona a los nuevos integrantes, entonces todo acto de elección en la Corte tendría que adoptarse por unanimidad, es decir que todos los 16 magistrados tendrían que respaldar al mismo candidato tanto a un escaño en la propia corporación o, más grave aún, para ser Fiscal General de la Nación, proceso eleccionario que es inminente, toda vez que al titular del ente acusador se le acaba el periodo a finales de marzo.
No hay que olvidar que ya en una ocasión, febrero de 2012, el Consejo de Estado tumbó la elección de un Fiscal General, específicamente de Viviane Morales, al encontrar que fue escogida con 14 votos y no los 16 requeridos. Ese fallo vino a prolongar la inestabilidad en el ente acusador que ya llevaba largo tiempo en interinidad, puesto que tras vencerse el periodo del anterior titular, Mario Iguarán, en agosto de 2009, fue necesario que el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago asumiera como titular encargado, lo que desempeñó hasta enero de 2011 cuando, tras un largo, accidentado y desgastante proceso en la Corte Suprema, por fin asumió en propiedad Morales. Ella, como ya se dijo, estuvo por un poco más de un año, pues el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo anuló su elección. En marzo de 2012, tras analizar una nueva terna, la Corte escogió al exmagistrado Eduardo Montealegre como nuevo Fiscal General. Sin embargo, se desató una polémica en torno a la duración de su periodo, ya que mientras algunos sectores jurídicos insistían en que este era institucional, por lo que debería estar en el cargo sólo por el tiempo restante que no alcanzó a cumplir Morales, otros advertían que el periodo era personal, es decir que debía quedarse por cuatro años. Sólo un año después, en abril de 2013, el Consejo de Estado vino a despejar esa duda, determinando que Montealegre tenía un periodo cuatrienal, que se vence, precisamente, el próximo 29 de marzo.
Como se ve, no sería aconsejable que la Fiscalía volviera a caer, de nuevo, en un periodo de interinidad. De allí la urgencia de que la Corte destrabe la elección de las seis plazas vacantes y lo haga antes de que se sume una más en pocos días. Más allá del alud de versiones sobre un pulso de poder entre presuntos bloques de magistrados, supuestas presiones para que se escojan determinados perfiles de juristas sobre otros y los rumores sobre un tufillo de politización en el máximo tribunal jurisdiccional en el país, lo cierto es que los actuales magistrados deben ponerse por encima de ello, llenar de una vez por todas los escaños vacíos y evitar que la corporación siga imbuida en un escenario desgastante y lesivo para su majestad judicial. Ese es el gran reto de la Sala Plena de este jueves.