La decisión ayer del Gobierno nacional en torno a declarar la emergencia carcelaria pone sobre la mesa varios interrogantes. En primer lugar, debe analizarse cuál será la utilidad de esta figura ante la grave situación que se presenta en los penales, que no es sobreviniente y exige soluciones de fondo.

Es claro, por ejemplo, que la oleada de extorsión que se está registrando desde las cárceles no es un hecho reciente. Por el contrario, desde el comienzo de este mandato las denuncias al respecto se han multiplicado. De hecho, tanto los ministerios de Defensa y Justicia, así como el Inpec y la Fiscalía han anunciado en el último año y medio distintas estrategias para hacer frente a este pico delictivo.

Es más, recientemente se conoció, tras una alerta de la Procuraduría, que gran parte de los equipos inhibidores de señal de telefonía celular que se instalaron desde hace años en los centros de reclusión más grandes del país no se encuentran en servicio. Esto ya sea porque se dañaron o porque tuvieron que apagarse por órdenes judiciales debido a las quejas de la comunidad que vive alrededor de las cárceles en torno a que sus comunicaciones también se veían afectadas.

La crisis penitenciaria en Colombia es todo menos coyuntural. Por el contrario, son de muy vieja data los altos índices de hacinamiento carcelario (superiores hoy al 20%), el déficit en infraestructura de prisiones, la falta de personal de vigilancia penitenciaria, la corrupción que prima en muchos penales, las dificultades para tomar medidas administrativas de depuración por el bloqueo derivado del alud de sindicatos, así como las alertas por la cantidad de sindicados que permanecen en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, entre otros aspectos.

Así las cosas, la declaratoria de emergencia carcelaria si bien puede servir para hacer algunas inversiones y traslados presupuestales urgente que lleven, por ejemplo, a poner en funcionamiento los bloqueadores de señal o incrementar la protección al personal de custodia del Inpec que viene siendo blanco de atentados y homicidios, no es una estrategia que permita atacar el fondo de la crisis estructural.

Se requiere una solución de mayor calado y profundidad. Por ejemplo, es urgente avanzar en un acuerdo entre nación, departamentos y municipios para la construcción de más cárceles. Por igual, urge una lucha más frontal contra las redes de extorsionistas, ya que, si bien muchas de las llamadas y amenazas provienen del interior de los penales, los cómplices están por fuera de las mismas.