- FMI delinea nuevo modelo de evaluación
- Colombia debería someterse voluntariamente
La corrupción es un flagelo que pareciera inderrotable, no sólo en Colombia sino en todo el planeta. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) más de dos billones de dólares al año le cuesta al mundo este delito de tracto continuado. En nuestro país algunos cálculos señalan que más de 50 billones de pesos son movidos en el mismo lapso por las mafias que se dedican a esquilmar el erario o a saltarse la ley.
Dado ese alto nivel de afectación, tanto a nivel local como foráneo, a cada tanto surgen modelos y estrategias para combatir este lastre de una forma más efectiva. Precisamente el FMI dio a conocer hace unos días un estudio que pone de presente cómo la corrupción es uno de los mayores obstáculos para una buena gestión de gobierno y un eficiente crecimiento económico, sostenible y con eficaces índices de equidad y redistribución del ingreso.
La conclusión general del citado estudio es que este delito mina la capacidad impositiva y distorsiona el gasto, desviándolo de inversiones valiosas en esferas como salud, educación y energías renovables hacia proyectos que despilfarran recursos y ofrecen beneficios a corto plazo. También se advierte que este flagelo actúa como un impuesto a la inversión, o incluso como un obstáculo más grave, debido a la incertidumbre sobre las demandas de futuros sobornos. No menos grave resulta la advertencia en torno a que la corrupción hace que los jóvenes no inviertan lo suficiente en educarse y especializarse “porque salir adelante depende de a quién se conoce y no qué se sabe”. Todo lo anterior para recalcar que esta problemática afecta especialmente a los más pobres, limita las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones, disuelve la cohesión social y hasta se ha convertido en uno de los principales obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así las cosas, para el ente financiero multilateral es claro que un alto grado de corrupción está asociado a niveles significativamente más bajos de crecimiento, inversión local y extranjera directa e ingreso tributario. Es más, se resalta que si un país desmejora en un índice de corrupción o de gestión de gobierno podría estar perdiendo medio punto porcentual en la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita. Es decir, un impacto macroeconómico muy alto.
Pero más allá de las conclusiones teóricas del informe del FMI, lo verdaderamente importante es que ese ente multilateral decidió reforzar sus políticas de lucha contra la corrupción en los gobiernos con los que interactúa. Para ello promoverá las buenas prácticas en ámbitos fundamentales como la gestión financiera pública, la supervisión del sector financiero y las medidas contra el lavado de dinero. Todo ello bajo el enfoque de que las estrategias contra este flagelo no deben reducirse simplemente al encarcelamiento de gente, sino que requieren reformas normativas e institucionales más amplias y, sobre todo, aplicables en el día a día de las administraciones.
Por lo mismo ya se está elaborando una metodología clara, imparcial y trasparente para evaluar la naturaleza y gravedad de las deficiencias de la gestión de gobierno. Una estrategia que revisará indicadores como calidad de las instituciones presupuestarias encargadas de la tributación y el gasto; solidez de la supervisión del sector financiero; integridad de los bancos centrales; transparencia e imparcialidad de la regulación del mercado; previsibilidad de los aspectos del Estado de derecho esenciales para la salud de la economía, en particular, el cumplimiento de los contratos; e idoneidad de los marcos jurídicos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Todo unido a un análisis de la gravedad de la corrupción directamente. Luego de ello se pasará a determinar el impacto económico de las fallas identificadas en las esferas de gestión de gobierno y anticorrupción, así como a formular recomendaciones de política específicas para cada país. Incluso se pedirá a los países miembro que sometan sus marcos jurídicos e institucionales de forma voluntaria a una evaluación por parte del FMI para determinar si los actos de soborno locales pero con nexos u ocultamiento de recursos en el extranjero están tipificados como delito y son enjuiciables, y si existen mecanismos para detener el lavado y testaferrato de dinero sucio.
Según el ente multilateral ya hay nueve países (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Austria y República Checa) que se han ofrecido voluntariamente a participar en esta evaluación antisoborno. Colombia, afectada por multimillonarios escándalos al respecto, podría también empezar a vislumbrar si se somete a ese nuevo modelo, ya que sus conclusiones podrían ser determinantes para estructurar mecanismos más eficaces en la lucha nacional contra la corrupción.