* Retos de visita de instancia clave de ONU
* Un análisis realista sobre flancos de paz
La importante visita a Colombia, a partir de mañana, de una delegación compuesta por los 15 embajadores pertenecientes al Consejo de Seguridad de la ONU debe ir más allá de lo protocolario y las palmaditas en la espalda. Por el contrario, lo que espera el país es que dicha instancia, que tiene aquí desde 2017 una Misión de Verificación, haga un análisis realista sobre qué ha pasado con la implementación del cuestionado acuerdo de paz firmado en 2016 con una fracción de las Farc y cómo avanza el cese el fuego con el Eln, más aún en momentos en que el sexto ciclo de negociación con esta última facción ilegal continúa enredado porque exige que se le mantenga económicamente como condición para dejar de secuestrar y afectar a la población civil.
Como se sabe, dicho Consejo está compuesta por cinco potencias con asiento permanente y capacidad de veto (Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia y Francia) y por diez países que cambian anualmente (hoy son Argelia, Ecuador, Eslovenia, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, República de Corea, Sierra Leona y Suiza).
Activada desde 2017 y con ampliación de mandatos en los gobiernos Duque y Petro, la Misión de Verificación vigila específicamente la implementación de cinco elementos del acuerdo de paz de 2016 (reforma rural integral, reincorporación de excombatientes, garantías de seguridad para estos, comunidades y territorios impactados, así como el régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz y el cumplimiento del capítulo étnico). La última tarea que aceptó fue monitorear, junto a la Iglesia Católica, el cumplimiento del cese al fuego entre la actual administración y el Eln.
Visto lo anterior, el objetivo de la visita no puede limitarse a renovar el respaldo a la implementación del pacto de 2016 y repetir el diagnóstico que se hace cada tres meses cuando la Misión presenta su informe periódico al Consejo en Nueva York, el secretario general António Guterres lo evalúa y hace las recomendaciones del caso, en tanto los quince embajadores señalan los puntos en donde ven avances y atrasos. Una rutina que se ha repetido muchas veces…
De igual manera, tampoco se trata de que la visita del Consejo de Seguridad trate de ser utilizada por parte del Gobierno como un elemento de respaldo a su gestión, sobre todo en medio del agitado clima político interno, más aún tras el intenso y temerario debate de los últimos días alrededor de una presunta “ruptura institucional”. Sería intolerable una actitud de oportunismo en esa dirección por parte de la Casa de Nariño o la Cancillería, cuyo titular todavía no ha sido suspendido pese a la orden de la Procuraduría del pasado 24 de enero.
En ese orden de ideas, la visita del Consejo de Seguridad debe servir para que dicha instancia evalúe sobre el terreno la gravedad de las falencias inocultables del pacto de 2016, sobre todo en lo relativo a los grandes contingentes guerrilleros que nunca se desmovilizaron (disidencias) o de aquellos que, aunque entregaron las armas, volvieron a la clandestinidad (reincidencias).
Este no es un tema menor, sobre todo porque ambas facciones residuales de las Farc y el Eln son la causa principal del reciclaje de la violencia en muchas regiones. De hecho, ambos son los mayores victimarios de los líderes sociales y los desmovilizados, principal alerta de los embajadores cada vez que evalúan el informe trimestral de la Misión.
También es claro que la implementación del trascendental capítulo de tierras y el étnico avanza muy lentamente, no solo por las limitaciones presupuestales, sino por los bandazos e improvisación en políticas agrarias y de apoyo a comunidades indígenas y afrodescendientes.
En cuanto al funcionamiento de la JEP resulta evidente que todavía no ha producido una sola condena o sanción propia a los integrantes y cabecillas de las exFarc, que no han pagado un día de cárcel y sí disfrutado de gabelas políticas y jurídicas por siete años largos. Es, pues, innegable que este proceso de paz favoreció principalmente a los victimarios y dejó a las víctimas en segundo plano, sin verdad, justicia, reparación ni garantía de no repetición efectivas. Un proceso que no acabó el conflicto, pero sí recicló a los actores violentos y propició una impunidad permanente de los criminales.
Como se dijo, el principal reto de la visita de los quince embajadores de la instancia más importante de la ONU (incluso por encima de la asamblea general) es que realicen un análisis realista, objetivo y con valor agregado y medidas concretas, más allá de lo que ocurre cada tres meses con los informes periódicos de la Misión.