Si hay un departamento que evidencia la ausencia de la institucionalidad y del rol activo del Estado es Chocó. Por décadas ha sido no solo una de las zonas más olvidadas del país, sino que también ocupa los primeros lugares en cuanto a incidencia de la desnutrición infantil, pobreza, desigualdad y necesidades básicas insatisfechas. Por igual, su población ha estado de forma permanente sometida al imperio criminal y violento de distintos grupos armados ilegales, al tiempo que la politiquería y las redes de corrupción se han enquistado por mucho tiempo en sus administraciones departamentales y municipales.

Por varias generaciones se ha escuchado decir en Colombia que todo ello resulta una paradoja, ya que Chocó es la región más rica en materia de biodiversidad y en explotación de algunos recursos naturales no renovables, especialmente en materia aurífera.

Lo cierto es que en las últimas semanas este departamento ha sido noticia por distintos hechos. El derrumbe en un sector de la vía Medellín-Quibdó, que dejó 33 personas fallecidas; el ‘paro armado’ que impuso la guerrilla del Eln, pese a que significó una violación abierta al cese el fuego pactado con el Gobierno; los nuevos casos de desplazamiento y confinamiento forzado de población; secuestros de funcionarios y exdirigentes políticos… Todo ello en medio de denuncias de la gobernadora y los alcaldes entrantes en torno a la necesidad de aumentar la destinación de recursos de inversión social, infraestructura y en otros ámbitos clave.

Frente a ello, desde el Gobierno central se ha movilizado a ministros y otros altos funcionarios. Se ha hablado de “tomas” institucionales y de priorización de obras, proyectos y programas, incluso con sentido de urgencia. Presidente, vicepresidenta y otros altos cargos han ido al Chocó a prometer muchas acciones y ratificar la priorización de esa zona…

Paradójicamente, en su momento los gobiernos Duque, Santos y Uribe hicieron lo propio luego de crisis y tragedias en el Chocó. Se activaron planes de contingencia y hubo cuantiosas destinaciones presupuestales que, se supone, tendrían mecanismos de seguimiento para garantizar que se cumplieran todos los compromisos desde la administración central y que, además, los recursos no terminaran yéndose en politiquería, corrupción y desgreño administrativo…

Al final de cuentas, viendo el persistente abandono de esta región, resulta claro que esos planes de contingencia no tuvieron el resultado esperado. Ahora le correspondió el turno al gobierno Petro de lanzar su estrategia de intervención en Chocó. La pregunta es ¿cumplirá? Por lo visto en La Guajira, en donde también anunció recientemente múltiples acciones inmediatas, la mayoría de las cuales siguen en el aire, el optimismo no es mayor.