* Máxima tensión por tarifas de energía
* No asoman soluciones al corto plazo
Como una ‘bomba de tiempo’ han calificado no pocos gobernadores, alcaldes, congresistas, así como dirigentes políticos, económicos, sociales e institucionales el creciente clima de insatisfacción de los habitantes de los ocho departamentos de la costa Caribe por el alto precio de las tarifas del servicio de energía.
De hecho, mientras que algunos parlamentarios plantean una ‘huelga legislativa’ como medida de presión, otros advierten que se empiezan a vislumbrar marchas y paros porque no asoman soluciones a corto plazo. Aunque muchos sectores reconocen que este es un problema que lleva años, insisten en que a la actual administración se le planteó desde el día uno y a hoy no hay una luz al final del túnel. De hecho, el martes en la plenaria del Senado se llevará a cabo un debate de alto calado en donde toda la bancada de esa región, sin distingos partidistas, exigirá al Gobierno que active, sin demora o excusas, un plan de contingencia.
El lío radica en que, al decir de los expertos, es poco el margen de acción que tiene el Ejecutivo para aplicar alivios inmediatos. Esta situación quedó evidenciada esta semana durante la reunión en la Casa de Nariño de parlamentarios y mandatarios territoriales de la zona norte con el jefe de Estado. Allí se planteó una reforma a la Ley de Servicios Públicos, un ajuste a la fórmula tarifaria que determina la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tal y como un impulso sustancial para la transición a energías limpias, con cumbres regionales a bordo.
Sin embargo, avanzar sobre esos ítems tardará un tiempo. Ya está visto que tramitar modificaciones vía CREG es complejo, exige múltiples estudios técnicos y, además, la demora gubernamental en la designación de sus delegados ha afectado la funcionalidad de esa instancia reguladora. Una cosa es que el Ejecutivo proclame discursivamente la necesidad de buscar mecanismos para “precios de libre competencia y no de monopolio” y muy otra que esto se aterrice fáctica y legalmente en una resolución sólida. Y, como si fuera poco, no hay que perder de vista que estamos en pleno fenómeno climático del Niño, lo que está presionando al alza las tarifas en todo el país.
Asimismo, se requiere que el Gobierno presente y el Congreso apruebe una reforma a la Ley de Servicios Públicos, lo que en el mejor de los casos podría tomar todo este año, por más que se le anexe un mensaje de urgencia a una iniciativa de esta naturaleza, visto que generadores, distribuidores, comercializadores, Bolsa de Energía y otros actores del sistema tienen posturas muy marcadas y no se vislumbra un consenso fácil.
Por otro lado, las peticiones de senadores y representantes para que se cree un esquema de subsidios diferenciales entre los departamentos de la costa Caribe y de otras regiones de clima frío, en donde los primeros recibirían una mayor porción, es claro que lejos de generar solidaridades, prende una polémica adicional con las zonas que verían disminuir este tipo de alivios.
Es claro, por otra parte, que a partir de la larga crisis de Electricaribe y el complicado arranque y consolidación de las dos empresas que la reemplazaron, hay una serie de cortocircuitos en cuanto a estructura tarifaria, cuantiosas deudas pendientes, atrasos en mantenimiento y modernización de las redes, rezagos de la cultura de ‘no pago’ y polémicas referidas a cómo se cobran algunos rubros, por ejemplo el alumbrado público, que tiene un alto impacto en las facturas, incluso por encima de otras regiones. También está el debate por los llamados a racionalizar el consumo, no solo en cuanto al ahorro en los hogares, sino por un cambio en los patrones de construcción de las casas y su influencia en la mayor o menor demanda de aire acondicionado.
Conocida la estrechez fiscal de la nación no se ve tampoco mucha viabilidad para que esta asuma una parte de los costos por pérdidas técnicas y no técnicas (estas últimas derivadas de robos de energía), así como por modernización de la infraestructura.
Como se ve, es innegable que la crisis por las tarifas de energía en la costa Caribe se agrava día tras día. También que, tratándose de una problemática estructural, las soluciones no serán inmediatas ni fáciles. Algunas de las propuestas regionales carecen de sustento técnico y jurídico e incluso rayan en el populismo efectista, además de implicar erogaciones presupuestales para el Gobierno nacional central que no hay cómo sufragar en este momento. Lo cierto es que el Ejecutivo, la CREG, el Congreso, gobernaciones, alcaldías y todos los actores del sistema deben trabajar en la misma dirección para enfrentar esta ‘bomba de tiempo’, cuya cuenta regresiva se agota rápidamente por el imparable desespero de once millones de personas.