*Alud de demandas contra la Nación
*Agencia de Defensa con ‘dientes’
UNA vez más se pone sobre el tapete el peligro que significa para las finanzas públicas, que son el dinero de todos los colombianos, el alud de demandas contra la Nación. La cuantía de esos pleitos es difícil de determinar. Por ejemplo, la semana pasada el ministro del Interior hablaba de litigios en los que particulares están exigiendo del Estado sumas que podrían llegar a más de 100 billones de pesos, sin duda una cifra astronómica que representa más del 60 por ciento del presupuesto general del Gobierno nacional para el próximo año. Ayer el ministro de Justicia subió ese monto y no dudó en asegurar que los procesos contra el Estado fácilmente pueden sumar 400 billones de pesos. Meses atrás la Contaduría General de la Nación advertía una cifra aún mayor: 773 billones de pesos. Según esa entidad, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Defensa fueron las dependencias oficiales contra las que más demandas se interpusieron el año pasado. Obviamente una cosa es que la Nación sea demandada y otra que pierda esos pleitos en los tribunales de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, el lastre de esos procesos bien le podría significar al fisco pérdidas en los últimos tiempos por más de un billón de pesos.
Aunque el peligro que implica esta avalancha de demandas ha sido advertido reiteradamente en la última década y media, y cada gobierno de turno anunció una serie de medidas para hacerle frente, lo cierto es que con el pasar de los años el volumen de los pleitos no baja en número de procesos y monto de las exigencias de los particulares. Tampoco es nueva la denuncia en torno de que en el país se crearon verdaderos ‘carteles’ de abogados que se especializan en estos litigios y andan a la caza de ciudadanos que se sientan afectados por la acción u omisión de funcionarios oficiales o entidades, con el fin de apoderarlos o, como ocurre en muchos casos, ‘comprarles el pleito’ a cambio de pequeñas sumas de dinero y luego interponer intrincadas demandas con exigencias multimillonarias. Igualmente no resulta nuevo el diagnóstico respecto de que en muchas ocasiones la Nación es condenada por la deficiente defensa que hacen las instituciones públicas y en no pocos casos se ha sospechado de corrupción de funcionarios, fiscales y jueces para favorecer oscuros intereses de los particulares e incurrir en cuantiosos desfalcos al erario.
Ahora el Gobierno, con base en las facultades extraordinarias que el Congreso le aprobó, anuncia que en noviembre estará lista la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, cuyo objetivo será enfrentar de una manera ordenada, técnica, profesional todo el arsenal de litigios y garantizar que sólo se indemnice a particulares cuando a la luz de los hechos objetivos y la legislación vigente haya lugar a esa reparación.
En varias ocasiones insistimos desde estas páginas que el Estado estaba subdimensionando el riesgo de los litigios en su contra y cómo las falencias en la defensa de sus intereses se estaban convirtiendo en una especie de ‘mina de oro’ para toda clase de oportunistas. Es más, en alguna oportunidad se urgió estudiar la posibilidad de crear un ministerio especializado en ese tema. No obstante con la resurrección reciente de la cartera de Justicia, es claro que esa debe ser una de sus tareas prioritarias pero no dejándola en cabeza de alguna instancia de mediano rango, sino de primer nivel, como parece ser el objetivo ahora al crear la Agencia.
Lo importante es que esta última arranque lo más pronto posible y que se le dote de todo el andamiaje administrativo, de recurso humano profesional y apoyo interinstitucional necesario. Una instancia con ‘dientes’ para defender a capa y espada al fisco, pues las cuantías en riesgo así lo exigen.