· Voz reflexiva de su presidenta
· Incógnitas sobre la “jurisdicción de paz”
Pocos anuncios de tanta trascendencia como el que acaba de hacer la Corte Suprema de Justicia en torno a la preocupación que le asiste a la corporación sobre los acuerdos de La Habana. En efecto, el máximo tribunal, a través de su presidenta, Margarita Cabello, acaba de advertir que la llamada jurisdicción especial de paz, pactada entre el gobierno Santos y las Farc, y todavía pendiente de la refrendación popular, puede más bien dar inicio a una “justicia paralela” en la cual, inclusive, pueden llegar a revocarse las propias sentencias emitidas por el magno órgano judicial colombiano.
La presidenta, a su vez, se mostró extrañada de que la Rama Judicial ha sido prácticamente ninguneada por el Gobierno y los negociadores oficiales, en todo lo que se adelanta en Cuba con respecto de la justicia, y pidió una reunión fundamental con los últimos a fin de establecer el verdadero alcance de las transacciones alcanzadas con la guerrilla. Hay una evidente preocupación en la Corte Suprema en referencia al tipo de procesos que irían a la jurisdicción de paz, cómo se va a estructurar, cuáles son los instrumentos, los procedimientos y las instancias, cuál es el carácter de la cosa juzgada y si dicha jurisdicción implica una revisión de lo adelantado por la Corte durante las últimas décadas, en cuanto a todo lo que tiene que ver directa o indirectamente con el conflicto armado, según rezan los documentos habaneros. No son, en lo absoluto, preguntas de poca monta, mucho menos proviniendo de la más alta instancia judicial en el país.
Pero es cierto. ¿A quién se le ocurre que de un solo palmo se modifique toda la estructura de la justicia colombiana, incluso intentando constitucionalizar por la puerta de atrás los mecanismos correspondientes a la velada amnistía que allí se desarrolla a partir de un inusitado revolcón en el aparato del Estado, sin que sobre ello la Corte Suprema pueda decir esta boca es mía? Está bien, pues, que la corporación hable porque, a no dudarlo, los colombianos esperan orientación de su parte y si ciertamente ella va a quedar, como ya ocurrió con el Congreso, de convidada de piedra para los próximos años. La Corte Suprema de Justicia tiene, desde luego, muchas velas en el asunto y no es posible que se determine su futuro, se anulen varias de sus funciones y se le recorte su órbita y autonomía, sin que por lo demás nunca se la haya consultado ni uno solo de los acápites e incisos que se han ido dictaminando desde La Habana.
Está claro, por supuesto, que uno de los yerros del proceso de paz, tal como lo demuestran las encuestas, radica en la falta de consenso político para abocar un tema de semejantes proporciones, que debería atañer a todo el país y no exclusivamente al grupo negociador. El otro equívoco está en no haber formulado una política de Estado al respecto. Es decir, en no haber convocado formalmente a las otras ramas del poder público, al lado de la Ejecutiva, para llevar a cabo las negociaciones. Al Congreso ya se sabe que lo han tratado como a un eunuco o a lo menos un notario sin ninguna capacidad de deliberación y control político. Al fin y al cabo, ha quedado de simple tramitador de leyes, sin nada diferente de poner un sello en la ventanilla. Pero en tratándose de la justicia el corazón del proceso, según lo han dicho los mismos negociadores de ambas partes, era como mínimo una anomalía que la Corte Suprema, y en general toda la Rama Judicial, permaneciera como absorta ante la avalancha de anuncios y no se hubiera manifestado desde que ellos se comenzaron a conocer.
De modo que la reunión de la Corte Suprema y los negociadores gubernamentales se espera con ahínco y al inmediato plazo. Solo de esta forma se podrá saber, en realidad, cuáles son las inquietudes de quienes tienen más experticia en asuntos institucionales y jurisdiccionales. La presidenta de la Corte ha dicho que se necesita un intercambio de ideas y reflexiones con el Gobierno y también opinar sobre lo que es aceptable y lo que no. Sería, ciertamente, un exabrupto que la Corte Suprema siga siendo marginada cuando es ella, por el contrario, la llamada a dar luces y sentar cátedra en la materia. Mucho se habla, en La Habana, de justicia en términos internacionales. Pero la Corte Suprema de Justicia colombiana, que es una de las instituciones más antiguas y legítimas del país, merece ser escuchada y tenida en cuenta. Nada más y nada menos.