*Sistema energético débil y sobrediagnosticado
*Todos debemos ahorrar, sin excusa alguna
EL riesgo de un racionamiento en el servicio eléctrico dejó de ser un fantasma y se convirtió en una realidad que podría afectar al país en dos o tres semanas. Es claro que la renuncia del Ministro de Minas y Energía no excusa la primera y gran responsabilidad que le corresponde al Gobierno en las causas objetivas - estructurales y coyunturales- que llevaron a la inminencia de un apagón. Sin desconocer los efectos de El Niño y la afectación en el potencial de generación causada por los daños en la central de Guatapé y la planta de Termoflores, parece evidente, como lo admitiera la propia Presidencia de la República, que hubo una demora en la adopción de las medidas pertinentes para evitar que Colombia esté ahora ad portas de cortes en el servicio eléctrico, convirtiéndose en la única nación del continente expuesta a esta circunstancia pese a que el fenómeno climático y sus consecuentes altas temperaturas y sequía afectaron por igual a buena parte de la región.
De allí que ese juicio de responsabilidades obligado sobre las debilidades del sistema de generación energética en Colombia no debe limitarse al accionar gubernamental, que como ya dijimos admitió que incurrió en errores y tardanzas, sino también extenderse a otros aspectos estructurales como el nivel de eficiencia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la funcionabilidad del mercado de oferta y demanda de energía, las evidentes falencias de la cadena de generación térmica, las flaquezas del sistema hidroeléctrico interconectado, el poco avance en otros sistemas de generación más limpios y sostenibles como el eólico, los yerros técnico-administrativos y hasta casos de corrupción en las empresas del sector e incluso el desenfoque de la política sectorial de mediano y largo plazos. No menos cuestionable debe ser la muy baja efectividad de las campañas de los últimos meses para promover el uso racional del servicio de energía, pues está visto que lejos de producir una disminución en el consumo, este aumentó en más de un 5 por ciento en los primeros dos meses de este año.
El diagnóstico hecho por la Contraloría General de la República y los estudios técnicos de otras instancias públicas y privadas del sector energético evidencian que no estamos ante una situación sobreviniente ni imprevisible, y que las alertas tempranas respecto a la mediana confiabilidad de nuestro sistema de generación vienen desde hace tiempo, poniendo de presente, además, que las medidas adoptadas para neutralizar los riesgos fueron insuficientes y cortoplacistas.
Realizar esa evaluación integral del sistema es crucial e importante, pero en estos momentos hay que concentrarse en lo urgente. Y ello es, precisamente, que el plan de contingencia delineado para neutralizar la inminencia de los cortes de luz funcione. Siendo evidente que dos terceras partes de la demanda del servicio energético están concentradas en los hogares y los pequeños negocios, es allí en dónde debe enfocarse la acción para que se reduzca en alrededor del 10 por ciento el consumo mensual. El plan tarifario anunciado para castigar a quienes no ahorran y premiar a los que sí, requiere de una eficiente campaña de difusión y pedagogía a escala nacional, regional y local. De lo contrario, la medida no tendrá mayor efecto. En cuanto al sector productivo y de gran industria, convencerlos de que utilicen sus propias plantas generadoras y reduzcan la energía que le compran al sistema, depende de que las reglas del juego en materia de costo-beneficio se definan rápida y taxativamente, y no terminen dilatadas en pulsos por incisos y parágrafos. De igual manera es urgente que los planes de arreglo en Guatapé y Termoflores sean acelerados, con el concurso y vigilancia del Estado al centímetro. No menos clave es ajustar los modelos que miden los volúmenes de oferta y demanda, pues resulta insólito lo ocurrido la semana pasada, cuando en cuestión de apenas dos días -según el Gobierno- se pasó de un diagnóstico que descartaba el riesgo de racionamiento a otro que lo vislumbraba inminente.
Más allá de los debates sobre el costo político de un apagón y de cómo éste complicará el ya de por sí accidentado panorama económico, judicial, partidista, social e institucional, marcado por crisis, polémicas y escándalos al por mayor, lo urgente es que todos, Estado, sector privado y ciudadanía, ahorremos luz. De lo contrario, las discusiones sobre quién tuvo mayor o menor culpa en los racionamientos se tendrán que hacer bajo la anacrónica y vergonzante luz de las velas.