*El asunto va más allá de acabar el Inpec
*Sistema penitenciario urge cirugía a fondo
EL manejo del sistema carcelario ha sido un eterno dolor de cabeza para los últimos gobiernos, pese a las medidas de control y ajuste que cada uno de ellos tomó en su momento. Por lo mismo, el anuncio del actual Ejecutivo respecto de la posibilidad de acabar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y crear otra entidad, que dependería de la Policía Nacional, no sorprendió a muchos.
Los diagnósticos sobre la situación en las prisiones en Colombia son más que conocidos. Si bien es cierto que ya no se presentan esas guerras campales que años atrás protagonizaban guerrilleros, paramilitares, capos del narcotráfico y delincuentes comunes por el dominio de los patios y el espectro criminal que allí se daba, hoy siguen vigentes problemas como el sobrecupo, las deficiencias en seguridad e infraestructura, los focos de corrupción en el personal de custodia, la politización y clientelismo en direcciones y cargos administrativos de los penales, cabecillas delincuenciales que dominan cárceles enteras, presos que siguen sus actividades criminales detrás de rejas, deplorable política de resocialización de internos…
Vista esa radiografía es obvio que el Inpec es inviable. Y no porque sus más de 10 mil funcionarios sean todos corruptos o ineficientes, ya que las manzanas podridas son una minoría. En realidad, el manejo del sistema carcelario ya sobrepasó su margen de acción y ámbito funcional. La complejidad del fenómeno delincuencial reveló que aun estando bajo recaudo de la autoridad, los criminales conservan un alto nivel de peligrosidad. También es claro que una entidad que tenga más de una treintena de sindicatos es inmanejable, pues ninguna medida administrativa o disciplinaria se puede aplicar en tiempo real.
Aunque en estas páginas hemos considerado que a la Policía no se le deben sumar tareas que distraigan su razón de ser, cual es el mantenimiento de la seguridad y convivencia ciudadanas, es evidente que el problema carcelario es muy grave y requiere para enfrentarlo de una institución fuerte, curtida en el combate de grandes amenazas, estructurada con mecanismos de control, jerarquía de mando y autodisciplina automática y eficaz, y con la suficiente movilidad funcional y margen operacional para reaccionar rápida y contundentemente ante intentos de motines, maniobras de corrupción y desorden penitenciario.
Pero el ajuste al sistema carcelario va más allá de la liquidación del Inpec. Se requieren medidas complementarias. Por ejemplo, es necesario tercerizar algunas labores en las cárceles, como los temas de alimentación y otros asuntos logísticos y asistenciales. Hasta ahí, porque es claro que en Colombia la idea de privatizar el manejo de los penales no tiene futuro, y menos en lo relativo a funciones propias del Estado como el uso de la fuerza legítima y el monopolio de las armas.
Por igual, urge que el Congreso acelere la discusión y trámite de la reforma al Código Penitenciario, pues el vigente es anacrónico, débil y contiene muchos procedimientos y normas inútiles. También tienen que utilizarse a fondo las facultades de la Ley de Seguridad Ciudadana que facilita por razones de orden público el traslado de presos, evitando así que las bandas, guerrillas, narcos y otros criminales se reorganicen en las cárceles y sigan delinquiendo.
De otra parte, el mismo ministro del Interior advertía ayer que era necesario modificar los códigos Penal y de Procedimiento Penal para poner freno a beneficios excesivos a los condenados o sindicados, como el uso del brazalete electrónico o el amplio margen para obtener la excarcelación. Aumentar el cupo de las cárceles, la tecnología de seguridad y activar una verdadera política de resocialización de reclusos, son otros elementos en los que debe trabajarse a fondo. No sólo es acabar el Inpec y crear otra entidad. Ese es apenas el principio, se requiere de una estrategia integral penitenciaria.