Una de las notas predominantes en las primeras semanas de este 2024 ha sido el alud de denuncias y acusaciones hechas por no pocos gobernadores y alcaldes respecto a hechos anómalos que se habrían presentado en las administraciones que se entregaron el poder el pasado 31 de diciembre.

Si bien es cierto que no es la primera vez que se presenta esta situación y más aún tras el vuelco en el mapa político regional y local que se dio en los comicios del pasado 29 de octubre, algunas de las denuncias que se han escuchado por parte de los nuevos titulares de departamentos y municipios son de extrema gravedad, sobre todo porque se refieren a hechos de corrupción y desgreño administrativo y ejecución presupuestal en donde estarían en peligro millonarias sumas de recursos públicos.

Es imperativo que se establezca la veracidad de esos señalamientos por parte de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y otros entes de control y vigilancia. No puede quedar todo este alud de acusaciones en el solo impacto mediático y el rifirrafe político. Por el contrario, es obligatorio que se empiecen a abrir sendas investigaciones al respecto, llamando a los funcionarios de las actuales administraciones a que formalicen sus denuncias y aporten las pruebas del caso con el fin de que los operadores penales, disciplinarios y fiscales puedan empezar a construir los expedientes del caso y avanzar, si es el caso, a la individualización de las respectivas responsabilidades y su procesamiento respectivo.

Una de las jurisdicciones en donde más se está presentando esta situación es en Medellín. El actual alcalde y su gabinete vienen, desde el mismo momento en que empezaron a despachar, haciendo graves denuncias sobre anomalías en muchas entidades. Se habla de cuantiosos presupuestos públicos en vilo, así como de afectaciones muy delicadas al patrimonio y funcionalidad de varias entidades de primer nivel.

Una vez más queda en evidencia que las jornadas de rendición de cuentas y presentación de informes de gestión por parte de los gobernadores y alcaldes salientes, tal y como los propios procesos de empalme entre las administraciones salientes y entrantes, no tienen mayor profundidad ni capacidad real y efectiva para establecer si lo que se informa es veraz. Lo más grave es que muchas de las anomalías que se denuncian se habrían producido en los últimos días de los anteriores mandatos, evidenciando que urge una reforma para evitar la ‘contratitis aguda’ y la toma de decisiones de fondo en la última semana de diciembre.