Uno de los grandes avances en la administración pública es, precisamente, el principio de especialización funcional tanto de las entidades como de quienes las dirigen o trabajan en ella. De hecho, el fortalecimiento de la carrera administrativa en las últimas décadas ha tenido como principal objetivo garantizar la cualificación del recurso humano que desempeña labores oficiales.
En ese orden de ideas, lo que está ocurriendo en muchas entidades del Gobierno Nacional Central genera mucha preocupación. De forma por demás arbitraria y caprichosa se están modificando los requisitos de estudio y experticia para desempeñar cargos determinados, desconociendo toda la caracterización que se maduró y desarrollo durante muchos años para garantizar, precisamente, que los criterios técnicos y de preparación sean los que primen a la hora de nombrar o escoger a una persona para desempeñar tal o cual trabajo.
Esa instauración de la meritocracia a la hora de la conformación de la planta de personal fue un elemento clave dentro de las condiciones que tuvo que cumplir Colombia para ingresar, por ejemplo, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que es precisamente un grupo de casi cuarenta países que se comprometen a aplicar las mejoras prácticas y políticas de gobierno.
Así las cosas, el cambio subjetivo de manuales de funciones, perfiles, experiencia requerida, estudios especializados en la materia propia de la naturaleza de los cargos a desempeñar, es un claro retroceso en la función pública. De hecho, abre una peligrosa brecha para prácticas de politiquería, clientelismo, corrupción y desgreño administrativo. Igualmente, se pone en peligro el presupuesto público al dejar que funcionarios que no están lo suficientemente preparados desempeñen labores que no dominan ni tomen decisiones en materias sobre las que no tienen un conocimiento profundo.
Lo que está ocurriendo en entidades como el Invima, Ecopetrol, Nueva EPS, embajadas y otros ministerios, departamentos administrativos, institutos, agencias y entidades del orden gubernamental central es muy grave. De hecho, la Procuraduría y la Contraloría deben tomar cartas urgentes sobre esta feria burocrática.
Igual debe exigirse del Departamento Administrativo de la Función Pública que, paradójicamente, presentó ayer a las entidades del orden nacional y territorial los lineamientos de las políticas de Empleo Público y de Gestión Estratégica del Talento Humano para el 2024. En uno de los apartes manifestó que los diferentes jefes de talento humano que deben realizar "acciones que lleven a desarrollar ecosistemas de bienestar y competencias profesionales enfocadas a una cultura de transformación y apropiación en las y los servidores públicos, en procura de alcanzar mejores resultados a nivel institucional y por ende una mejor prestación de servicios a los ciudadanos". La pregunta es: ¿lo que está pasando en múltiples entidades va en ese camino?... La evidencia señala que no.