* No hay dilema: solo la ley
* Alcances del viraje gubernamental
El reajuste del gobierno con figuras de izquierda, aunque sorprenda a algunos, es un movimiento que apenas deja atrás la trayectoria coalicionista que en un principio intentó el primer mandatario, pese a la aguda incomodidad que después salió a flote. Una coalición a la que ciertos partidos todavía se aferran en su gula burocrática, disfrazada de oficialismo y con la esperanza de seguir prosperando gelatinosamente, sin ninguna definición ideológica clara.
Desde hace unas semanas, no obstante, la administración ha cobrado un perfil más evidente, con base en sus nuevas pretensiones de usar, por encima de todo, la potestad reglamentaria. Esto inclusive frente a las reformas de trámite incierto en el Congreso, por carencia de concertación y consenso en que tanto hemos insistido. Y a cuenta de creer, en paralelo, que el clientelismo es el corrosivo azufre indicado para avanzar los proyectos a partir de tan devastadora receta política.
Por donde se le mire, asimismo, la idea es la prevalencia del Estado, la disolución de las alianzas público-privadas como método para producir sinergías cruciales en sectores antes hondamente huérfanos de atención y el intervencionismo a la orden del día. De tal modo, no es de sorprender que a las posiciones de alto coturno gubernamental lleguen componentes de los que así piensan. O si se quiere, lo que el ex jefe de Planeación y artífice del Plan de Desarrollo de la administración en curso, Jorge Iván González, y la exministra de Agricultura, Cecilia López, calificaron en estos días de activistas.
No se trata, sin embargo, de algún descubrimiento, sino de la confirmación al más alto nivel de algo que desde la posesión presidencial y acaso mucho antes saltaba a la vista. Y es de ahí, justamente, después de haber dado infinidad de vueltas en torno del propio mandato presidencial (que ya linda el 40 por ciento del período), que el gobierno parece haber entendido, de repente, que el ejercicio de gobernar, mucho más que en el activismo de que hace gala como causa y consecuencia, cobra vigencia en los decretos, resoluciones y directivas que emita. Que es, precisamente, el punto central, pues ante todo la potestad reglamentaria exige que se lleve a cabo en los nítidos y expresos términos de ley.
Aun no se sabe, ciertamente, si en vez de insistir en una reforma de la salud que, entre otras, parece diseñada para eludir el control constitucional previo de las leyes estatutarias, el gobierno, como dejó entrever el presidente, optará más bien por adelantar lo que dijo tener previsto en la Nueva EPS y expedir los decretos correspondientes. Para lo cual, desde luego, tendría que darse la “socialización” ordenada por las normas; la publicación digital con el fin de abrir al público la discusión pertinente; y luego hacer los cambios surgidos de la participación ciudadana, que es el principio consagratorio de la Constitución de 1991. Y posteriormente, claro está, determinar si el contencioso-administrativo y demás autoridades dan vía libre y encuentran el mecanismo ajustado normativamente. O si consideran medidas precautelativas al respecto.
Ya por su parte la administración hubo de emitir un decreto de “yerros”, modificando una partida global (prohibida) de nada menos que 13 billones de pesos en la liquidación del presupuesto. Pero las nuevas partidas de esta “fe de erratas”, en su gran mayoría atinentes a las vigencias futuras sobre las cuales reposa la infraestructura nacional y de varias ciudades, quedarán ahora sometidas a revisión directa del primer mandatario, dependiendo la erogación monetaria del avance o dificultades en cada obra. Puede partir eso de las facultades presidenciales como Suprema Autoridad Administrativa, siempre y cuando esto no suponga una intempestiva formulación para subsanar los caprichos presupuestales de otras áreas y dejar al Estado expuesto a demandas enormes. Además, con las obras inconclusas y convertidas en elefantes blancos.
Estos dos ejemplos, hoy sobre el tapete, quizá sirven para dejar en claro que la calentura no está en las sábanas frente a quienes entrarán a engrosar puestos oficiales estratégicos, sino en que se desempeñen con estricto apego a la ley y los procedimientos a su cargo. Para eso, en términos constitucionales, como lo hemos dicho en notas anteriores y volvemos a reiterar, toda acción administrativa debe estar sujeta a sus principios y a lo consignado en el Plan de Desarrollo, el programa plurianual de inversiones y las normas del presupuesto nacional.
No se trata, pues, del dilema entre activismo o tecnocracia: siempre es menester proceder dentro de los cánones legales en el Estado social de derecho colombiano. Si ser activista es violar la ley, eso ya es harina de otro costal.