CUANDO ES más importante hablar y determinar cómo se va a manejar los recursos de cada ente territorial, en una coyuntura en que faltan los recursos o estos se desvían a otros menesteres, en las elecciones de alcaldes y gobernadores, este tema pasó de agache y de cierta forma ignorado.

Parece, como lo ha indagado EL NUEVO SIGLO, como si a nadie en los municipios le importara qué va a pasar con el reparto de las regalías, de cómo el gobierno espera manejar el sistema general de participaciones o cómo serán la política de subsidios o de servicios públicos que hoy se quiere cambiar.

Todo esto pese a que el Gobierno nacional se comprometió a presentar una reforma tributaria territorial. Incluso hace poco, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que más de la mitad de los impuestos en alcaldías y gobernaciones son ineficientes en recaudo.

Tanto al Gobierno nacional como al Banco de la República les suena hablar y discutir sobre una reforma tributaria territorial, enfocada en impuestos locales y departamentales.

Ni Siquiera la codirectora del Banco de la República, Olga Acosta, en el evento Misión Kemmerer: pasado, presente y futuro del control fiscal, habló sobre este tema. Se trata de una reforma relacionada con la sostenibilidad de las finanzas mediante el fortalecimiento de los impuestos locales. En su intervención describió: Las múltiples reformas intentaron mejorar el recaudo tributario. Además, ya hemos llegado a un consenso sobre cuáles son los problemas que nos aquejan. Sin embargo, cuando se compara el nivel de gasto público en Colombia respecto a otros países, notamos que no tenemos un gasto bajo. Pero su financiación sí ha sido tradicionalmente ineficiente, y esto se expresa en un déficit recurrente”.

Desde su punto de vista, se debe trabajar en fortalecer la autonomía de las autoridades territoriales y la tributación en las regiones: “Tenemos un porcentaje inferior al 20%. El 18% es la cifra exacta actual de lo que logran recaudar los gobiernos locales, pero contribuyen con cerca de 40% del gasto total. En temas de inversión ha habido un crecimiento también descomunal, cerca de la mitad de la inversión pública se realiza allí; ese desequilibrio hay que resolverlo”.

Sobre este tema, vale la pena recordar que el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que el Gobierno impulsaría una nueva reforma tributaria, enfocada en alcaldías y gobernaciones.

En noviembre de 2022, Ocampo confirmó que esta sería para impuestos departamentales y municipales, pero explicó que sería más como una racionalización de un sistema complejo, en algunos casos para tener un único sistema mejor.

Pues bien, el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no les bajó el dedo a las palabras de Ocampo y dijo a los medios de comunicación que esta sigue en los planes del Gobierno nacional: “la reforma territorial sigue en los planes. Queremos hacer unas mesas técnicas con los gobernantes salientes y los entrantes, porque en última instancia a quienes más les va a interesar qué es lo que se haga ahí es a los entrantes”.

Desde su punto de vista, se debe reducir la maraña de 16 o 17 impuestos territoriales en alcaldías y gobernaciones, de los cuales más de la mitad son ineficientes en recaudo.

Diversificar las fuentes

Precisamente, sobre los impuestos territoriales, el presidente de ANIF, Mauricio Santa María, presentó un análisis al respecto, conocido por EL NUEVO SIGLO.

El centro de pensamiento ANIF, dice que esta es la oportunidad para emprender la diversificación de las fuentes de financiamiento de los departamentos para apalancar sus programas sociales y económicos.

“Avanzar en este sentido es esencial para que los órganos territoriales puedan consolidar su autonomía frente a las transferencias del gobierno central y tener un mayor control sobre los proyectos que atañe el desarrollo de sus regiones”, afirma en un informe de ANIF.

En el análisis sostiene que “la dependencia de las transferencias de la Nación mide la importancia de los recursos que giran, principalmente, el Sistema General de Participación (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR) en los ingresos totales de los departamentos. Es un termómetro de la capacidad de generación de recursos propios por parte de los territorios”.

Indica la investigación que de acuerdo con datos de la Medición del Desempeño Departamental 2021 del DNP, hay departamentos que dependen casi en un 90% de las transferencias para su cierre fiscal anual, mientras que hay otros que lo hacen en un rango menor al 35%.

La dependencia

“Departamentos como Amazonas, Guanía, Vichada y Chocó tienen una incapacidad de generar recursos propios adicionales a los que reciben por concepto de transferencias. Mientras que Cundinamarca, Valle y Atlántico cuentan con una fuente de recursos más diversificada. En ese mismo sentido, si se analiza la participación que tienen los ingresos propios en la inversión de los departamentos, la situación es bastante similar. En líneas generales, es muy baja la participación de lo que recauda o genera el territorio en el rubro de inversiones. Llaman la atención territorios como La Guajira, Putumayo, Arauca y Córdoba que no llegan a aportar ni el 1%”, asegura ANIF.

La capacidad institucional del país es muy diversa a lo largo del territorio nacional. Si se examina solo desde el punto de vista de los ingresos, hay departamentos que no han podido estandarizar fuentes de recaudo, tributario y no tributario, estables y casi que dependen por completo de las transferencias de la Nación.

Esa situación redunda en una menor capacidad para invertir en sectores clave y en programas sociales específicos para las problemáticas de cada territorio. En línea con las bases del PND, y coherente con los esfuerzos que se han hecho desde hace varias décadas en términos de descentralización, no hay duda de que una política de fortalecimiento y profundización de las herramientas que puedan generar mayores ingresos para los departamentos es necesaria en el país.

Para medir la capacidad institucional del país en términos de generación de ingresos vale la pena evaluar dos indicadores claves: las dependencias de las transferencias de la Nación y la participación de los recursos propios en la inversión del departamento.

El análisis de estos dos indicadores de gestión fiscal y financiera, claves para la evaluación de las capacidades de las regiones del país, deja claro que hay que profundizar en estrategias de incremento de recursos propios. Eso, a través del aumento de tarifas, creación de nuevos impuestos, ampliación de base gravable, simplificación y ordenamiento de tributos territoriales. Pero, sobre todo, con la ampliación de instrumentos con los que ya hoy cuentan los departamentos y que pueden ser una fuente de ingresos significativa.

Los licores

Justamente, en uno de los recursos indispensables en lo que ANIF pone la lupa para mejorar los ingresos de las regiones, está en el impuesto a los licores.

Señala que “se deben estudiar los mecanismos y cooperación técnica que faciliten el funcionamiento y explotación de los derechos de producción de licores, con el fin de establecer reglas de juego claras que beneficien a los entes regionales y que faciliten la participación del sector privado en la producción y comercialización de licores”.

Para ello, indica que “los potenciales ingresos provenientes de avanzar en una mayor uniformidad en las condiciones de entrada de nuevos fabricantes de licores, es una oportunidad para mejorar los balances regionales y puede convertirse en una importante fuente de recursos en el mediano plazo”.

El reguero de impuestos

Además de los impuestos nacionales (ISR, IVA, al consumo y al patrimonio), Colombia tiene impuestos territoriales —que cobran los departamentos del país para financiarse— donde se encuentra el gravamen a los ingresos de actividades comerciales, industriales y de servicios; el predial y los impuestos departamentales al consumo de licores, vinos y aperitivos, cerveza, cigarrillos y tabaco elaborado.

La reforma tributaria del 2012 creó el impuesto al consumo, que es del 8% de la compra en restaurantes, bares, discotecas y panaderías.

Otro de los impuestos territoriales cobrados por los departamentos de Colombia es el impuesto de la industria y el comercio, que va del 0,2% al 1,14% sobre el ingreso bruto anual, dependiendo del giro de la empresa.

Por otra parte, Colombia tiene el impuesto de estampillas, que se suscribe cuando se realizan contratos con el Estado para desarrollar obra pública o cuando se adquieren documentos públicos o expedientes. El dinero recaudado por este impuesto tiene destino social a través de hospitales o de programas para adultos mayores.