LA FIJACIÓN del 12% del salario mínimo en Colombia ha causado controversia en varios sectores del país, pues para algunos expertos, el aumento no supliría las necesidades de la ciudadanía, a pesar de que recientemente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que a raíz del incremento habrá mejoras en el poder adquisitivo de los colombianos. Es que, según los datos, para el cierre del 2023, la inflación terminó seis puntos por debajo, por la que espera que en el 2024 baje y llegue al 5%.

En contraposición a esta postura se encuentra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), quien por medio de un comunicado, manifestó una vez más su preocupación sobre la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el cubrimiento de las prestaciones y tecnologías en salud incluidos en el plan de beneficios en salud - PBS, pues la organización indica que esto se da debido al “incremento en el costo de las coberturas incluidas, el aumento importante de frecuencias de uso y la dinámica post Covid-19 por prestaciones represadas, sumado al efecto de los traslados masivos de usuarios en medio de adversas condiciones macroeconómicas”.

Para la ANDI, sumado a dicho presupuesto que dificulta la garantía del derecho fundamental a la salud y la vida de la población de Colombia, también se unen los llamados que han hecho al Gobierno nacional sobre el crecimiento de los días de mora con impacto directo en diferentes actores como clínicas, hospitales y proveedores de tecnologías en salud, ya que, actualmente, están pendientes girar los presupuestos máximos de diciembre de 2023 y ajustes a estos presupuestos de las vigencias 2022 y 2023.

Posibles riesgos

La compleja situación ha hecho que la ANDI alerte sobre el posible riesgo de apagón del Sistema de Salud, esto de no realizarse un ajuste adecuado de la UPC, ya que, según los estudios realizados por la entidad, “se encuentra alrededor de 16% solo para parar la grave pérdida que sufre el sistema y sin inclusiones de nuevas tecnologías”.

No obstante, en días pasados, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución que incrementa la UPC 2024 en 12,01%, esto sin realizar una consulta pública y sin que hasta la fecha haya publicado los soportes técnicos que sustenten dicho ajuste, explica la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Con el ajuste por inflación de la UPC del 2024, lejos de corregirse la insuficiencia manifiesta de la UPC de los últimos años, se agrava por el hecho de realizar nuevas inclusiones al PBS a través de la Resolución 2366 de 2023 y por la destinación del 5% de la UPC al financiamiento de equipos de salud en los territorios, por lo que para la entidad, este escenario arriesga la capacidad operativa y la viabilidad financiera de los agentes del sector, y con ello la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la población colombiana.

¿Qué solicita la ANDI?

“La ANDI y sus Cámaras de la Salud, solicitan una revisión de la UPC que responda a la situación actual de insuficiencia y que haga reales análisis prospectivos de las inclusiones, a fin de que el ajuste se fundamente en un cálculo técnico y completo que garantice que la UPC para 2024 sea suficiente para cubrir las obligaciones del Estado con los pacientes, en concordancia con los múltiples análisis técnicos realizados por las universidades y centros de investigación”, dice el comunicado.

A partir del primero de enero de 2024, se aplicó en Colombia el aumento del salario mínimo, cifra que, según lo comunicado por el presidente de Colombia y Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, quedó en $ 1.300.000 más $ 162.000 en el auxilio de transporte, un aumento del 12% que se fijó luego de que la mesa tripartita (Gobierno, empresarios y centrales que hacen parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales), no llegara a un acuerdo.