El proyecto de ley del representante Rodrigo Lara, reformatorio del régimen de asignaciones testamentarias vigentes en el Código Civil, entraña una de las transformaciones socioeconómicas más importantes que puedan darse en tiempo reciente.

La ley en vigor determina la existencia de herederos forzosos -padres e hijos- quienes, en cualquier forma, están llamados a recibir gratuitamente los bienes de sus correspondientes hijos y padres. En el caso de las personas solteras, la ley sólo autoriza la libre disposición de una cuarta parte de la masa sucesoral. Las tres cuartas partes restantes van a herederos distintos de los hijos (sobrinos).

El tema podría parecer menor, de ribetes notariales, que escapa a las grandes decisiones de política pública. La literatura en finanzas públicas en Colombia ha subestimado el enfoque de justicia intergeneracional  en el funcionamiento de la economía, postulado por  nadie menos que David Ricardo con su “teorema de la equivalencia”.

Ricardo observó hace casi 250 años que la propensión al ahorro tenía una motivación de justicia intergeneracional: transmitir el producto del trabajo o mantener los bienes heredados dentro de los consanguíneos o afines [motivación que incluía a quienes carecen de hijos].

El profesor de Harvard, Robert Barro, se adentró en el análisis preliminar de Ricardo en su trabajo “Are Government Bonds Net Wealth?” Journal of Political Economy, V.82. No. 6, 1974, p 1095-1117] donde explica que las familias actúan como legítimas dinastías que viven hasta el infinito, debido al altruismo intergeneracional. Los mercados de capitales operan bajo parámetros de perfección -en el supuesto de que todos pueden prestar y endeudarse a una misma tasa de interés- y las posibilidades de gasto gubernamental están dadas. Así, si el gobierno financia gastos mediante emisión de bonos de deuda, las familias dejarán donaciones a sus hijos con el fin de compensar los mayores tributos que se necesitarán para sufragar estos títulos de deuda.

La proposición Barro-Ricardo viene siendo probada positivamente en muchos países. A medida que avanzan las tasas de educación profesional emerge la propensión al ahorro de raíz intergeneracional. Es un hecho en economías desarrolladas. Chile y México aportan ya datos incipientes en este sentido.

El régimen de sucesiones que opera en Colombia -que nos viene del derecho romano, fácilmente 1500 años- se estancó en un preocupante rezago premoderno, como ha dicho Lara. Las divisiones forzosas de la tierra al fallecer una persona, impuestas por el Código Civil, han estimulado, por ejemplo, el fraccionamiento o destrucción de entidades productivas.  Ayer fue la primogenitura masculina legalmente impuesta y hoy es la atomización estimulada por la ley civil, los factores de desorden e injusticia en la tenencia de la tierra.

Está demostrado también en multitud de estudios que la libertad sucesoral satisface dos condiciones: prolonga la justicia entre generaciones y la vida de unidades productivas fundadas en la tenencia de tierra.

Rodrigo Lara -en un  proyecto que tiene la trascendencia de la ley 200 de 1936- sugiere con claridad que los conflictos de tenencia tienen una causa eficiente que se repite una y otra vez: conflictos intrafamiliares, nacidos en un fenómeno social: la urbanización y desruralización del país.

Existe en Colombia -sospecho- un fuerte ingrediente de justicia intergeneracional. Para concretarlo urge introducir la libertad de transmisión de bienes que conduzca a la preservación de unidades de producción en el campo. No se puede esperar.

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Una regla de decoro elemental debería obligar a callar un tiempo a las firmas encuestadoras cuyo profesionalismo deficiente en la votación del pasado 2 de octubre se encuentra tan duramente cuestionado. Ahora, en su oficialismo impenitente, quieren forzar la candidatura de Humberto De la Calle. Que se preparen los amigos de la candidatura de Germán Vargas -una genuina y persistente mayoría nacional- para verlo perdedor en las encuestas a medida que se aproxima el debate presidencial. Las encuestadoras ya tomaron partido.