Es probable que no haya ninguna Institución civil en la República de Colombia que haya puesto uno cuota más alta de sacrificio que la de los jueces. Desde el asesinato de Tulio Manuel Castro Gil, pasando por el de los magistrados Tulio Zuluaga Serna, Mariela Espinosa y Carlos Valencia García, hasta el exterminio casi total de la Corte Suprema de Justicia, la cuota de sangre que la Administración de Justicia ha puesto por enfrentarse al narcotráfico o por defender la extradición de nacionales a los Estados Unidos de América, es inconmensurable.

Jueces de Instrucción Criminal y Fiscales también han caído. Una comisión judicial completa fue asesinada en La Rochela por uno de los primeros escuadrones de paramilitares que se conoció  y  años más tarde lo fue Yolanda Paternina, también por paramilitares, pero entre uno y otro hecho, varios funcionarios más, de diferentes jerarquías, ofrendaron su vida en cumplimiento del deber judicial.

El precio de administrar justicia en Colombia, sobre todo cuando se trata de asuntos penales, es en muchos casos la vida. En otros casos ha sido la persecución oficial, la mediática o la tentativa de la destrucción moral mediante la calumnia, la injuria o simples mentiras difundidas en las redes sociales que son la nueva arma contra la administración de justicia.

Es la dureza de una actividad que es por esencia solitaria. Juzgar es siempre una tarea ingrata que en un país como Colombia donde el concepto de injusto está asociado a todo lo que no favorece a cada quien, es más difícil aún.

Las presiones que los jueces deben soportar, son de la más diversa índole. Las de los jueces penales empiezan por la propia Fiscalía que los amenaza con procesarlos cada vez que toman una decisión que no favorece sus intereses. Y siguen por las partes que discuten el caso en el estrado. La prensa que no deja de adelantar juicios paralelos en cada caso de alguna notoriedad pública, es otra presión que debe ser capaz de soportar el carácter de cualquier Juez. Un buen juez debe sustraerse a la información periodística o a la propaganda disfrazada de noticias, para resolver el caso a su conocimiento sin más razones que las que la interpretación jurídica o las pruebas le aconsejen.

Y en esa labor de juzgamiento que el Estado le garantiza independiente y autónoma y sin más ataduras que la Constitución y la Ley son muchos los intereses que pueden resultar afectados y mucha la gente que puede resultar insatisfecha por la decisión que adopte el juez. Normalmente esas contradicciones se tramitan mediante los recursos pero cada vez más, ni eso satisface a los contendientes.

Quedarse sin amigos, sin vida social y hasta sin visa es una simple consecuencia de ejercer ese cargo con responsabilidad e independencia, porque un buen juez puede aspirar a ser cualquier cosa, menos popular.

Y frente a las presiones, de cualquier naturaleza, lo único que todo juez puede hacer es, como dijo el comunicado de la Corte Suprema, “permanecer fiel al cumplimiento del deber” porque como acaba de declarar el Presidente de la Sala de Casación Penal “nada debe amilanarlo”.    

@Quinternatte