Se ha dicho en forma recurrente que uno de los problemas que es necesario superar en Colombia es el relacionado con la judicialización de la política que ha convertido el debate público en un escenario de hostilidad permanente. Esa circunstancia explica un poco lo que hemos dado en llamar polarización porque los dirigentes de los partidos o movimientos políticos no se tratan como competidores, como émulos naturales en los espacios democráticos, sino como enemigos cuyas diferencias buscan dirimirse por la vía judicial.
Por el apasionamiento con que se discuten los temas de la agenda pública no existe una verdadera controversia democrática sobre la mejor manera de encarar nuestros problemas más acuciantes y orientar el rumbo del país. Por ello lo que se busca no es tramitar la discrepancia de manera civilizada, sino la proscripción del adversario. Estamos tocando fondo. Hemos perdido hasta las buenas maneras. El lenguaje que se utiliza en el debate público es muy agresivo y prosaico. Por esa vía hemos ido debilitando los mecanismos del sistema democrático y deslegitimando las instituciones que se han construido a lo largo de los años.
Por otro lado, en el curso de la actual campaña electoral se han adelantado diferentes debates entre varios de los aspirantes presidenciales, pero de un tiempo para acá el candidato Gustavo Petro dejó de asistir a los mismos. La verdad es que estos debates ya no entusiasman, no ofrecen mucho interés y en el desarrollo de los mismos, quizá por falta de tiempo, el formato de las preguntas no permite profundizar en ninguna de ellas. Por eso hoy la gente se orienta más por las entrevistas que se hacen en los medios de comunicación y por lo que dicen en sus visitas a las regiones que replican los mismos medios. Si llegare a ver segunda vuelta, habrá más espacio y oportunidad para que los ciudadanos se formen una opinión más amplia de las propuestas que cada candidato le viene presentando al país; es claro que el abanico de hoy se reducirá a dos y así se podrán apreciar de mejor manera las diferencias programáticas.
Por su parte, se ha desatado una especie de guerra de encuestas porque los distintos sondeos de opinión que se han venido realizando por las firmas encuestadoras no coinciden mucho al tratar de medir las tendencias de opinión. Debería promoverse un acuerdo básico en materia de metodologías entre las encuestadoras porque las encuestas contribuyen a la formación del clima de opinión que puede determinar el favoritismo de un candidato.
Cuando terminaba de escribir esta columna se divulgaba la decisión de la Procuraduría de suspender en el ejercicio de sus funciones, como medida cautelar, a los alcaldes de Medellín e Ibagué a quienes se les había iniciado investigación disciplinaria por su presunta participación en política. Ello ha generado todo tipo de reacciones e interpretaciones que tiene como marco el pronunciamiento de la Corte IDH sobre las facultades de este organismo para destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular. Aquí cabe aclarar que la medida cautelar adoptada no equivale a una sanción y, por tanto, no se trata de una destitución.