Siendo el plebiscito un mecanismo de participación ciudadana, cuya convocatoria es potestad exclusiva del Presidente de la República para que el pueblo apruebe o rechace una determinada decisión, el mensaje del 2 de octubre es claro: el respaldo político a la firma del acuerdo con las Farc por parte del Presidente Santos es insuficiente. Por esto su firma quedó con la legitimidad herida, no así su legalidad que se deriva de haber firmado cumpliendo con su responsabilidad de “conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”.
Pero lo anterior no quiere decir, como llegó a afirmar un expresidente, que el acuerdo “no exista”. Lo que quedó suspendida fue su puesta en marcha, no tanto por la falta de apoyo político sino porque al plebiscito le cambiaron su naturaleza esencialmente política y en innecesaria decisión le agregaron el término “refrendatario”. Lo que, dada la votación del domingo anterior, hizo que quedara sin efectos jurídicos el Acto Legislativo 01 del 2016 que establecía un procedimiento de ley expedito y el requisito de la refrendación popular para la entrada en vigencia. En fin, una cuestión eminentemente política se frenó por formas jurídicas.
Dicho lo anterior hay que decir que lo que más debería llamar la atención de los jefes políticos más visibles hoy- y de todos los colombianos- es que el resultado del plebiscito dejó al descubierto profundas divisiones en buena parte de nuestra sociedad, las cuales, durante década y media, han sido aupadas por el expresidente Uribe y el Presidente Santos y sus más cercanos seguidores, lo cual quedará registrado en los anales de la historia, con el agravante - por ahora-, de no tener en el panorama verdaderos líderes del talante de Laureano Gómez y Alberto Lleras para llegar a un consenso asimilable al del Frente Nacional, pues para eso se requieren bajas dosis de hipocresía y altas de amor patrio.
En fin, para continuar con el proceso de pacificación del país desatascando la implementación de los acuerdos de La Habana, el Ejecutivo requiere ganar apoyo político más en el interior que en el exterior de Colombia, donde el otorgamiento del Nobel demuestra que el apoyo es más que suficiente. También las Farc deben ser conscientes de que dicha necesidad de apoyo interno no los exime.
Ahora bien, como para lograr lo anterior una de las acciones adoptadas fue la negociación entre el Gobierno y los “líderes” del No, me permito proponer dos asuntos a realizarse durante las negociaciones de esta semana:
1. Ponerse de acuerdo en que entienden por “impunidad” centrando la cuestión en si ella equivale a “no cárcel”, luego de lo cual se puede examinar que tanta impunidad habría durante la implementación de los acuerdos.
2. Examinar la posibilidad de que la “Jurisdicción Especial de Paz” en vez de ser “paralela” a la institucionalidad vigente, pase a ser “convergente” creando una sala adicional en la Corte Suprema de Justicia.