En estas columnas he explicado varias veces  por qué es inconveniente y peligroso que el país ratifique el Acuerdo de Escazú, un esperpento redactado por los economistas de la Cepal, sin técnica internacional alguna,, confuso y farragoso, que ni los ministros del Ambiente han leído, cuyo propósito es crear un sistema de consultas previas, a iniciativa de cualquier persona, ong u organismo, antes de que se emprenda  cualquier obra de desarrollo, llámese represa, carretera, fábrica o edificio, para saber si se ajustan a no sé qué parámetros ambientalistas.

Estas consultas pueden desembocar, llegado el caso, a una corte especial (¡otra!) que tomaría la decisión definitiva y a la cual se trasladaría de hecho el gobierno y el desarrollo nacionales. Escazú no tiene, repito NO TIENE, el propósito como lo han dicho sus promotores, de defender las vidas de los mal llamados ambientalistas.  Entre otras cosas porque no es el gobierno el que los mata, el homicidio está regido por el derecho interno y un tratado no es la manera de protegerlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Los que defienden el Acuerdo quieren, como lo han hecho con jueces y universidades, adueñarse de una llave que controle el desarrollo. En definitiva, es un sistema que conduce a frenarlo, que es el objetivo principal de la izquierda. En Colombia ya hay suficientes controles y consultas para ese efecto y no hay necesidad de añadir más.

En el Senado una comisión aprobó en primera instancia el proyecto de ley, por cuatro votos (Mais, Mira, la U y un liberal) contra uno (Cambio Radical) con la notoria ausencia de los partidos de gobierno. Esto empieza a dar pasos de animal grande sin que el gobierno se espabile.

Cuando el gobierno (ministro del Ambiente) presentó (sin leerlo) el proyecto con mensaje de urgencia, en la legislatura pasada, los gremios alertaron sobre el peligro que representa el Acuerdo. Como no pasó, de nuevo el Minambiente (otra vez sin estudiarlo y basado simplemente en que el presidente, quien tampoco lo leyó, lo había firmado) lo presentó en la actual. Me sorprende que los gremios, esta vez, han pasado agachados y el riesgo de que haga curso es alto. No sé por qué es el Minambiente, y no la Cancillería, el ente que maneja esto en el Congreso.

El presidente y la ministra de Relaciones no se dan por enterados. Es cierto que esta vez no hubo mensaje de urgencia y que el gobierno no lo ha impulsado. Pero Iván Cepeda (mamerto) y sus congéneres han puesto todo su entusiasmo en sacarlo adelante, como dije anteriormente porque les da una herramienta para estatizar el país. Ojalá los partidos de gobierno actúen y no se ausenten de las Comisiones. Y que, llegado el caso, el presidente no lo ratifique.

***

Coda uno: Repugna la politización de la justicia. La persecución contra Uribe y los funcionarios de su gobierno espanta. Si esto es ahora, ni pensar en lo que será con un gobierno de izquierda, que se haría prontamente a través de referendos (manes de Chávez) con todos los poderes.

Coda dos:  El devastador ataque de Rusia en Mariúpol va ahora tras la planta siderúrgica Azovstal, mientras sigue bombardeando a Kiev. Y Putin amenaza a Suecia y Finlandia por si deciden entrar a la OTAN. Rusia no descarta invadir Moldavia por medio de la autoproclamada república prorrusa de Transnistria. La misma mecánica que con Ucrania. Se comprueba que lo que Rusia quiere es el control sobre el Mar Negro e impedir que los Estados “neutrales” que no están en la OTAN entren a ella.