El desarrollo del acuerdo de paz con las Farc avanza razonablemente bien.  Se han presentado los naturales contratiempos de la tradicional lentitud del Estado colombiano para realizar obras o para simplemente coordinar acciones de varias agencias suyas, pero nada especialmente grave que haga temer por el futuro de lo acordado con ese grupo armado.

Todo va encausándose en esa normalidad colombiana que implica la burocracia de ciertos trámites, la ineficacia de muchas acciones, la repetición de otras y los celos institucionales entre Fuerzas o simples despachos públicos. En esa normalidad, las guerrilleras van embarazándose, los jefes guerrilleros se infartan y todos a una, como en Fuenteovejuna, van sintiendo el rigor de lo que es vivir en la legalidad. Ahí empiezan a sufrir con el Sisbén, las colas en las oficinas oficiales, la necesidad de dinero para hacer cualquier gestión en una ciudad grande; y ya verán lo que es pagar impuestos: IVA, renta, predial, rodamiento, cuatro por mil y otros más, directos e indirectos. Tantos que a muchos les van a dar ganas de devolverse al monte, donde no pagaban impuesto sino que lo cobraban.

En esa normalización de las cosas, en las que se pasa de vivir en guerra a tratar de vivir en paz. O por lo menos en esta relativa paz de las ciudades donde matan gente por un celular o por pedirle al vecino que le baje el volumen a la música o donde las mujeres guerrilleras sin uniforme y sin fusil van a enterarse de que algunos hombres colombianos son más aterradores cuando dicen amarlas que cuando las odian, es necesario que el derecho también se desmovilice.

La legislación colombiana en materia penal y de procedimiento ha estado no solo diseñada para la guerra, sino que, y esto es lo peor, la interpretación de la normatividad, que es donde está la verdadera dinámica del derecho, se ha hecho de manera instrumental para ese propósito.

Un solo ejemplo para entender no solo el papel del derecho y el de sus intérpretes, sino el de toda la sociedad en su conjunto que interioriza comportamientos manifiestamente violatorios de sus derechos como si fueran perfectamente normales, es el de las requisas, retenes y demás atentados contra la libertad de locomoción que a diario cometen las autoridades.

A nadie le parece extraño, ni nadie protesta y de hecho el reciente Código de Policía acentúa el problema, que cualquier patrullero de la Policía Nacional o cualquier soldado del Ejército Nacional, vaya por la calle deteniendo a quién se le venga en gana para "una requisa" o para un "sus papeles".  A ojo, sin ninguna causa probable, sin que haya cometido ninguna infracción, al ciudadano lo van importunando simple y llanamente porque al señor patrullero le pareció. ¿Que la libertad de locomoción es un derecho fundamental o que lo es la presunción de inocencia? Uhmm, sí, pero es que estamos en guerra.

Bueno, pues oficialmente ya no lo estamos. ¿No va siendo hora entonces de que la Corte Constitucional replantee sus avales y nos devuelva la plenitud de nuestros derechos ciudadanos?

@Quinternatte