Pasaron las elecciones para Senado, Cámara de Representantes y consultas presidenciales, que tanta atención generaron en todo el país. Colombia se encuentra asimilando los resultados y ajustándose de cara al futuro presidencial, de manera que la atención hacia el mundo político continúa en un alto nivel de expectativa y trajín partidista. Pero no obstante el momento tan especial, no podemos perder de vista problemas emblemáticos y marcados como el embrollo que se viven en el Inpec.

Cada vez que en este instituto se presenta un escándalo de cualquier tenor, y la ciudadanía pide control, autoridad e investigación, el gobierno sale con la solución fácil, destituir al director, como quien dice” fusilen y luego investigamos”, decisiones al estilo de las guerras civiles de inicios del siglo pasado, que buscaban aplacar el clamor público, logrando un respiro conciliador e indulgente.  Por estas ligerezas se vienen sacrificando carreras brillantes de altos oficiales de la policía, destinados en comisión a la mencionada dependencia, donde pareciera no estar clara la diferencia entre función administrativa y responsabilidad operativa.

En el concepto seguridad, la justicia es un factor de alta importancia y preponderancia social, que contempla la aplicación de la ley en todo su esplendor, para lo cual el sistema carcelario es irremplazable; por lo tanto, si queremos seguridad es inaplazable una infraestructura carcelaria que brinde soporte a la justica, recurso que todos sabemos, en este país, tiene una serie de falencias vergonzosas, por lo que ante el cúmulo de necesidades, se pide a gritos una decisión gubernamental dirigida a la construcción de centros carcelarios, que cubran las necesidades existentes.

No es posible que las estaciones de policía continúen prestando este servicio de retención permanente, sin tener recursos, medios ni conocimientos para tan delicada labor, dando lugar a una serie de evasiones con drásticas consecuencias para los policías encargados de esta misión, como muestra está el escándalo por las evasiones transitorias del empresario Carlos Mattos, quien salió de La Picota utilizando una serie de subterfugios de control operativo y muy distantes del accionar administrativo, pero el chivo expiatorio fue el General Mariano Botero. Y, para no ir muy lejos, hace poco tiempo más o menos dos años, Aida Merlano en su fuga se llevó de contera al General Ernesto Ruiz.

No puede el país ni el gobierno darse el lujo de sacrificar generales poniéndolos al frente de responsabilidades ajenas a su formación y profesión, mucho menos atentar contra la imagen institucional que en últimas también resulta desacreditada por estos actos de repudio nacional.

El momento es oportuno, llamemos la atención de los candidatos a la Presidencia de la República, para que en sus campañas y con sus equipos de colaboradores, analicen este grave problema y propongan soluciones a tan lamentable situación.