El feminicidio ocurrido la semana pasada en Bogotá, en un local comercial del centro comercial Santa Fe, ha dado para que se responsabilice del desenlace fatal a todos, pero sobre todo a las autoridades que supuestamente fueron negligentes para evitar el trágico resultado.

Un individuo condenado por el homicidio de varias personas, incluida la tentativa contra su pareja, logra conquistar ¡dentro de la cárcel! a quien se convertiría en su siguiente y última víctima. Había obtenido su libertad anticipada porque supuestamente estaba resocializado. Falso, se probó, una vez más, el fracaso del “tratamiento carcelario” y la vigencia del dicho de las abuelas. El que ha sido (feminicida), no deja de ser.

La mayor crítica se oyó contra la Policía Nacional, por la supuesta reacción tardía, tanto en llegar al sitio como en neutralizar al asesino en el lugar de los hechos. Sobre la demora en llegar al centro comercial hay más de una justificación. Desde la distancia que deben recorrer los Comandos de la Policía hasta el problema estructural de que las unidades especiales antiterroristas están acantonadas en un solo lugar en una ciudad tan extensa y con un tráfico tan endemoniado como Bogotá.

El siguiente problema, fue la clase de queja formulada a la Policía. Les indicaron de una situación de rehenes. Nadie les dijo inicialmente que se trataba de un marido con antecedentes homicidas que intentaba matar a su nueva ex pareja. La parafernalia de seguridad de un centro comercial debería estar entrenada para distinguir, por lo menos, la potencialidad de los ataques. De la certeza de la información depende en muy buena medida la calidad de la reacción de la autoridad.

Ahora, reportada una situación de rehenes, es obvio que la Policía no podía llegar disparando como cualquier Plazas en el Palacio de Justicia. Es apenas natural que la prioridad de los Comandos debe ser, y es, la protección de la vida de los rehenes. Por tanto identificar el escenario, el atacante, su potencial de fuego y el número y clase de personas retenidas eran pasos de elemental prudencia. Ahí la Policía actúo bien. Incluso intentó disuadir al asesino

Finalmente uno o varios francotiradores abatieron al marido asesino. Un resultado nada deseable, aunque sea el único que garantiza que el sujeto no reincida.

El gran problema ahora se viene para los funcionarios públicos que accionaron las armas. Casi puede asegurarse que aparecerá un abogado de algún colectivo a demandar al Estado por el uso de la fuerza y a los Patrulleros por el homicidio del civil. Y hay jurisprudencia que dice,  sin ningún análisis de contexto, que todo disparo contra un civil de un miembro de las FF.AA. es un homicidio agravado.

Por eso, no le reclamen a la Policía. La velocidad y clase de reacción contra los delincuentes no la marca el entrenamiento policial, sino las decisiones judiciales, muy apropiadas… para Dinamarca, como diría el Maestro Darío Echandía.   

Para un miembro de las FF.AA., siempre produce más miedo un Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que un delincuente armado.

@Quinternatte