Lo que acaba de pasar en Venezuela con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es la prueba plena, no solo, como ha dicho la prensa, del destape del régimen venezolano como dictadura, sino de la confesión pública de ese Tribunal como subalterno de la Presidencia de esa República.
Como dice el viejo dicho de los abuelos, “hay algunos que no aciertan, ni cuando rectifican” y ese es el caso del TSJ venezolano. Primero adoptaron las sentencias 155 y 156 (27 y 28 de marzo de 2017) mediante las cuales despojaron de funciones a la Asamblea Nacional (Congreso venezolano) y de inmunidad a los parlamentarios, lo que en la práctica significa concentrar todos los poderes en cabeza del Presidente de la República, incluso el Judicial.
Después, esas decisiones judiciales, que ya eran suficientemente indicativas de que en Venezuela no hay una democracia, fueron revocadas ¡a solicitud presidencial! mediante las 157 y 158 del sábado uno de abril, probando con éstas últimas que el TSJ no es, como debiera ser en una democracia, un órgano independiente y autónomo, sino un apéndice del Ejecutivo que actúa a orden suya decidiendo los asuntos de la manera que mejor convenga al Presidente sin parar mientes en la Constitución o la ley venezolana.
Esa es la gran tragedia de la extinta democracia venezolana, la ausencia de un órgano judicial autónomo e independiente que actúe desde esa superioridad como arbitro legítimo de los conflictos internos. El chavismo primero y el maduro-cabellismo de ahora decidieron que la mejor manera de asegurarse en el poder era cooptando el poder judicial mediante el posicionamiento en esos cargos de fichas suyas interesadas únicamente en acatar las decisiones del príncipe.
En Colombia estuvimos y estamos muy cerca de caer en un régimen semejante. La intención de Álvaro Uribe de eternizarse en el poder mediante el establecimiento del “Estado de Opinión”, un sueño inconstitucional de él y de su peor asesor, no ha cesado.
Desde la otra orilla ideológica, su némesis, Gustavo Petro, encarna similar peligro. No solo porque no condena al régimen venezolano, sino porque para él, la justicia no tiene más valor que uno instrumental de carácter político.
Uno y otro, en lo único que difieren es en el nombre de quién hacen las cosas. El uno en nombre de ganaderos y empresarios. El otro, dizque, en el de los pobres, un espectro tan amplio que incluso caben constructores familiares.
Frente a semejantes “mesías” la única trinchera confiable es la de las instituciones. Y entre éstas la administración de Justicia es la más importante. Independencia y autonomía es lo que se requiere de sus estructuras institucionales. Y carácter es lo único que se necesita de los jueces que desde cualquiera de sus especialidades y lugares en la pirámide están encargados de resolver los conflictos.
Por eso, preocupa tanto que los próximos Magistrados de la Constitucional o de la JEP no se estén buscando con criterio de independencia sino de adscripción ideológica o burocrática. Juegan con fuego y terminarán incendiándonos a todos.
@Quinternatte