La inseguridad que causa ómicron o cualquier variante emergente de SARS-Cov-2 -natural en los virus- y la necesidad de aplicar dosis de refuerzo que incremente la respuesta inmune en las personas, evitando no solo la muerte sino las secuelas posteriores, quebrantos de salud constantes, son temas que deberían inquietarnos para así tomar decisiones asertivas para nosotros mismos, nuestras familias y la comunidad en general.

Desde hace tiempo, no solo éstas, sino en general las de diferentes virus por los cuales nos han vacunado, han sido medidas altamente efectivas para evitar graves enfermedades y con ello, sus riesgos son muy bajos, por lo cual, por interés propio, uno debería vacunarse; ese debería ser el principio general, como lo afirma la doctora Diana Guerrero, experta en el tema.

Tanto los jóvenes, ausentes del cumplimiento de su esquema de vacunación, como las personas mayores, deberían ser conscientes que, estando vacunados, la letalidad baja sustancialmente. La resistencia a la vacunación tiene origen en el desconocimiento y creencias religiosas o políticas y, ante esta circunstancia, lo indicado, constitucional y legalmente, es propiciar el cumplimiento del interés superior, frente al interés particular o privado; sin embargo, hay una norma contraria, pues el numeral 9 del artículo 59 del CST prohíbe a los empleadores “Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad”, disposición que en materia de orden público, como es la salubridad, debería ajustarse en beneficio común.

En esta fecha, en la que la mayoría de las empresas, centros e instituciones educativas y las IES, comprometidas con la presencialidad plena después de cuatro semestres, han retomado actividades, deberían insistir en liderar el proceso de refuerzo de la vacunación, y las medidas de bioseguridad, que ya se deben quedar insertas en nuestra vida. Creo que después del covid-19, nadie se atrevería a comerse una tajada de ponqué en un cumpleaños familiar, así sea su abuelita quien apaga la vela, porque lo más posible es que luego tengan que encenderse otras velas, cuatro, en la funeraria.

El Plan Nacional de Vacunación delineado en el Decreto 109 de 2021, determina de manera expresa que no se puede obligar a un trabajador a vacunarse; tampoco se les puede discriminar por no hacerlo, ya que proceder de esta manera implicaría una violación a los derechos fundamentales de los colaboradores. Sin embargo, mi recomendación a los empleadores es, que les envíen una comunicación a sus trabajadores, en la que les expliquen la exoneración de responsabilidad, toda vez que cada empleador, tanto en el sector público como en el privado, ha buscado lo mejor para preservar la vida como primer derecho fundamental de los colombianos.

El trabajador amparado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad debe estar obligado, al menos moralmente, a informar al empleador si está vacunado, con cuál vacuna y si ya recibió la tercera dosis.

Si nos seguimos cuidando, podremos superar estos dos años de incertidumbre acerca de las diferentes variantes del virus y trabajar con mayor tranquilidad.