La perspectiva económica mundial es, ciertamente, sombría.  Y si los vientos que agitan la economía no amainan pronto -si los esfuerzos de las instituciones financieras internacionales, los gobiernos, y los bancos centrales para mitigar el cambio climático económico resultan ineficaces-, la nubosidad presente puede derivar, muy pronto, en calamitosa tormenta. 

Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional, que ha vuelto a rebajar (por cuarta vez este año) sus previsiones sobre el crecimiento económico en el mundo, y anticipa el peor panorama económico global desde la “gran recesión” de 2009.  El repunte de algunas economías será, en el mejor escenario, un magro consuelo; y en el peor, un peligroso espejismo:  la disminución de los ingresos reales y el aumento de los precios harán de ese crecimiento un dato nugatorio.

Pero la economía no es lo único que podría estar al borde de la recesión.  También el Estado de Derecho y el imperio de la ley están en preocupante retroceso en todo el mundo.  Es lo que evidencia el Índice sobre el Estado de Derecho, divulgado el miércoles de la semana pasada por el World Justice Project (WJP), cuyos datos confirman la persistencia -y en algunos casos, incluso la agudización- de una tendencia registrada desde hace ya cinco años, y agravada, como tantas otras cosas, con ocasión de la pandemia de covid-19.

El Estado de Derecho tiene que ver con la rendición de cuentas y el control de la acción gubernamental, con la seguridad jurídica, con el gobierno abierto, y con el acceso efectivo a una justicia imparcial y oportuna. Durante el último año, siete de los ocho factores con base en los cuales el WJP hace la radiografía del imperio de la ley en 140 Estados y jurisdicciones, mostraron síntomas de deterioro.  Más de cuatro mil millones de personas viven en países donde el Estado de Derecho es hoy más débil que en 2021.

América Latina no sale bien librada del examen. Nicaragua es uno de los países en los que más se ha erosionado el imperio de la ley; Haití ocupa el puesto 136 en el Índice, y Venezuela, el último. Dicho sea de paso, este diagnóstico no debería ser indiferente para la política exterior de Colombia y, en particular, para su relación bilateral con Managua y Caracas.

Ahora bien, el desempeño de Colombia es todo menos sobresaliente:  en 2015 ocupó el puesto 62 (una posición mediocre, pero alentadora), y actualmente el 91.  Un descenso vertiginoso en el escalafón, debido principalmente al empeoramiento de las condiciones de seguridad y orden en el país.

Ya que el gobierno actual enarbola con tanta presunción la bandera de la “paz total”, debería mirar con cuidado estos resultados, y asumir la responsabilidad de corregirlos.  No hay convivencia cívica posible sin Estado de Derecho. No hay democracia viable sin imperio de la ley. El Estado de Derecho no puede hipotecarse en aras del apaciguamiento, ni el imperio de la ley devaluarse para compensar el déficit acumulado o para expandir el gasto con el que se compre una espuria gobernabilidad.

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales