La Justicia Especial para la Paz (JEP) acaba de recibir la solicitud formal del ex ministro Diego Palacio Betancourt y de otros ex miembros del gobierno de Álvaro Uribe, que durante ocho años negó la existencia de un conflicto interno. La petición ha recibido las interpretaciones sesgadas, que eran de esperarse, conforme al interés de cada quién.

La JEP es apenas una parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR),  que es una gran estructura conformada por: La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV); la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD) y la JEP. Muchas siglas que ojalá sirvan para algo más que para rajar estudiantes de primaria.

La JEP a su vez tiene sus propias dependencias internas. Un Tribunal para La Paz, tres Salas de Justicia, Una Unidad de Investigación y Acusación y una Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, cada una de las cuales tendrá una función específica que cumplir que se supone hará con independencia y autonomía, no sólo respecto de los demás poderes, sino de las demás Salas de la JEP.

Ninguno de todos esos órganos está en funcionamiento actual. La única dependencia que está operando es la Secretaría Ejecutiva que fue designada conforme a las reglas del Acuerdo y no de manera espuria, como lo sostiene de manera poco sobria alguna columnista. Los Delegados que integran el Comité de Selección ya están igualmente designados, pero aún no arrancan en sus tareas, entre otras cosas porque la ley respectiva no ha sido promulgada.

En ese limbo es que se presentan las solicitudes de los ex ministros uribistas para plantear una tesis ingeniosa. La de que la reelección de Álvaro Uribe se enmarcaba como un acto propio del conflicto o relacionado con él y que por tanto, los delitos cometidos para lograrla serían de competencia de la JEP.

Puede ser que les suene la flauta. Algunos incluso ven las solicitudes como un reconocimiento expreso de la legitimidad de la JEP por parte del grupo político que más la ha criticado. Es probable que con esa tesis hasta alias Popeye,  uno de sus más sobresalientes abanderados en su última marcha, encuentre que el MAS o "Los Extraditables" también se fundaron en razón o por causa del conflicto.

En todo caso habrá que esperar a que los señores Magistrados se posesionen. Y a que los uribistas condenados se decidan por qué lado de la JEP querrán optar. Ellos en su sabiduría estratégica sabrán si se van por el procedimiento con "reconocimiento de verdad y de responsabilidad" o por el contrario de "ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad".

Ahí precisamente está parte del meollo del asunto, porque si se trata de ciudadanos a los que la Corte Suprema, como órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria, ya condenó en sentencias ejecutoriadas, ¿no reconocer responsabilidad significa que la JEP puede revisar las sentencias de la Suprema?

No ensillen las bestias antes de traerlas. Denle tiempo al tiempo. 

@Quinternatte